El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial respaldó la orden de detención preventiva de la abogada Zoraida Saucedo, investigada por su presunta vinculación con los homicidios de Julio Ferreira y Marianela Vallarino, encontrados sin vida el 28 de noviembre de 2017 en Los Lagos en Las Cumbres.
En una audiencia celebrada este viernes 20 de abril los magistrados Luis Mario Carrasco, Diego Fernández y Giovanina Antinori decidieron que Saucedo debe seguir detenida luego que la Fiscalía de Homicidio y Femicidio aportara la versión de un testigo protegido que dijo haber escuchado una conversación telefónica en la que la investigada requería $4 mil para matar a dos personas.
También está el testimonio de la madre de una de las víctimas, que dijo que Saucedo fue una de las últimas personas vista en compañía de la pareja asesinada.
El magistrado Carrasco, que actuó como relator de la audiencia, advirtió que existe riesgo de destrucción de pruebas y de fuga por parte de la investigada, ya que su ámbito de trabajo la vincula con personas que viven en el extranjero.
Igualmente, la Fiscalía aportó pruebas que revelan que Saucedo incumplió medidas cautelares aplicadas en otro proceso judicial, por lo que consideró que esto es un riesgo adicional para su no comparecencia.
Carrasco remarcó que el artículo No. 732 del Código Penal consagra la figura del testigo protegido, la protección de su domicilio e identidad, pero en la fase de juicio dicho testigo deberá comparecer al plenario para ser interrogado por la partes y en que en ese momento deberá dar sus generales.
Durante la audiencia, la fiscal Isaura Mejía se refirió a un proceso de compra y venta de tres apartamentos propiedad de Julio Ferreira, que eran administrados por Saucedo, pero que en octubre de 2017 fueron traspasados a Javier Francisco Sucre. La fiscal todavía no ha pedido la comparecencia de Sucre.
La imputada, al hacer uso de la palabra, alegó que los apartamentos fueron traspasados a petición del propio Ferreira, quien -según ella- desde 2014 no tenía liquidez financiera y sus bienes estaban hipotecados, aunado a que supuestamente, el hoy occiso -siempre según su testimonio- mantenía amenazas tanto en México, como en Panamá.
Luis Cedeño Antunez, abogado defensor de Saucedo, alegó que su cliente no tiene responsabilidad en este caso y se debe respetar su presunción de inocencia.
Antunez alegó que algunos medios de comunicación se han dedicado a tergiversar los hechos y que no todo lo que se ha divulgado es cierto. Antunez había apelado la decisión del juez de garantías, que el pasado 13 de abril de 2018 ordenó la detención preventiva de Saucedo.
La investigada mantiene otro proceso penal relacionado con otro doble homicidio perpetrado en San Miguelito y un proceso por la presunta comisión del delito de estafa en perjuicio de St. Georges Bank & Compant Inc. por un monto de $120 mil.