Estados Unidos advierte sobre situación de derechos humanos en Panamá

El Departamento de Estado estadounidense, en su más reciente informe sobre derechos humanos en Panamá, resalta carencias en las condiciones del sistema penitenciario, la recurrente corrupción institucionalizada y el poco avance en los derechos de personas con discapacidad e indígenas.



El informe también trata con el tema de libertad de expresión, particularmente en referencia a las demandas a medios de comunicación y periodistas. Bajo esa misma sección del informe se mencionan las amenazas y los ataques llevados a cabo por diputados contra los medios en el pleno de la Asamblea Nacional, especialmente durante el periodo de incidencias. El informe recuerda que, constitucionalmente, los diputados están blindados durante esas intervenciones y no pueden ser querellados.



En cuanto a la realidad y condición actual del sistema penitenciario nacional, el informe hace mención a las malas condiciones médicas y sanitarias de los mismos. Además, menciona la escasez de guardias penitenciarios, contabilizando que en 2018 habían alrededor de mil 700, a pesar de que se calcula que el sistema necesita 2 mil 870 para operar correctamente.



El informe destaca la reapertura de la cárcel insular de Punta Coco, y hace referencia a la petición publicada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de cerrar la misma.



El informe publicado en la página web del Departamento de Estado detalla existentes limitaciones a extranjeros en el territorio nacional. Además, resume los procedimientos que existen para refugiados y extranjeros que buscan asilo en Panamá.



La sección más desarrollada es la que trata con corrupción y falta de transparencia en el estado. Menciona los mecanismos anticorrupción que han sido implementados sin mayores frutos. El mismo detalla casos de corrupción a niveles de agentes de la policía hasta casos de exfuncionarios del gobierno pasado, mencionando los casos judiciales por la presunta comisión de delitos contra la administración de Luis Cucalón, Demetrio Jimmy Papadimitriu y Jaime Ford.



El Departamento de Estado explica y resume, además, el tema de las criticadas planillas de la Asamblea Nacional, explicando las denuncias del contralor Federico Humbert ante la Corte Suprema de Justicia por ese tema.



Se refiere también que el sistema judicial es ineficiente y susceptible a la corrupción, al igual que a influencias internas y externas. El informe agrega que además hubo quejas de injerencia del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia.



Finalmente, el informe trata con algunos temas más amplios, como la falta de representatividad racial y de género en importantes juntas directivas y puestos de toma de decisiones. Menciona, además, que la ley no prohíbe la discriminación por orientación sexual.



Anualmente, el Departamento de Estado publica su informe, elaborado por personal de sus embajadas en distintos países.