Agueda Rentería, jueza primera liquidadora de causas penales, ordenó el llamamiento a juicio para 198 personas por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), hecho que se habría consumado a través del proceso de compensación económica a dueños de buses tipo diablo rojo.
La jueza declaró prescrita la acción penal para otras 337 personas investigadas.
A través del Auto Mixto No. 10 de 12 de diciembre de 2022, Rentería también concedió un sobreseimiento definitivo a favor de seis personas, a quienes se acusaba del delito de estafa, y extendió el mismo beneficio a otros 19 investigados por el delito de peculado.
Rentería decidió que el juicio se iniciará el 1 de septiembre, a las 9:00 a.m., y hasta el 29 de septiembre de 2023; como fecha alterna se eligió del 9 de octubre al 7 de diciembre de 2023.
La transición de los diablos rojos al sistema de metrobús, proceso conocido como “Rescate Administrativo del Sistema de Movilización de Pasajeros”, se inició por parte de la ATTT el 31 de agosto de 2010, por la mala condición de la flota de buses que entonces prestaba el servicio, la gran cantidad de accidentes que se registraban y la deficiente atención al usuario.
La investigación se inició en el año 2010 tras una denuncia del entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, por una posible lesión patrimonial que entonces se calculó en $24 millones. Papadimitriu estuvo al frente de ese programa de rescate.
El Estado destinó al menos $98 millones en compensaciones. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, muchos dueños de buses fueron indemnizados en más de una ocasión. La fiscalía también detectó que algunos vehículos prestaban el servicio en el interior del país y no en la capital, lo que era un requisito para participar en el programa de “rescate administrativo”.
