La Corte Suprema de Justicia concedió una nueva prórroga de un año a la Fiscalía Anticorrupción, para culminar la investigación a 187 juntas comunales que recibieron grandes sumas de dinero por parte de diputados de la Asamblea Nacional, en el quinquenio 2009-2014.
En el Ministerio Público informaron a este medio que, en diciembre pasado, la Corte acogió un amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscalía y se le concedió un año más para culminar la investigación.
Sin embargo, la pesquisa deberá sortear otro escollo: una serie de recursos presentados ante la Sala Penal por los abogados defensores, que buscan tumbar el proceso.
La historia
Este caso se inició a raíz de investigaciones periodísticas, que daban cuenta del despilfarro de dinero público entregado por diputados de aquella época, a juntas comunales y municipios del país. En ese momento, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio, pesquisa que fue suspendida en el año 2015 porque faltaba una auditoría. Sin embargo, en febrero de 2018, la Contraloría, en aquel momento a cargo de Federico Humbert, entregó 223 cajas numeradas al Ministerio Público, con el resultado de las auditorías.
En ese momento, Humbert dijo que la información tenía “el peso y la estructura” necesaria para abrir procesos judiciales, en el caso de que exista un mal manejo de los fondos públicos. Reveló además que las auditorías determinaron que 34 diputados de Cambio Democrático (CD) manejaron $158.8 millones; siete del Molirena, $36.2 millones, y 10 del Partido Revolucionario Democrático (PRD), $34.7 millones. Además, otros 10 diputados del Partido Panameñista se vieron beneficiados con partidas por $17.1 millones y un diputado del Partido Popular manejó $492 mil. También enumeró irregularidades detectadas en las auditorías, como facturas falsas y falta de documentos para sustentar millones de dólares en transacciones.
En total, dijo el contralor de aquel momento, 70 diputados se distribuyeron más de $247 millones en cinco años (2009-2014).
Sin embargo, esta investigación ha debido sortear múltiples tropiezos, sobre todo por la gran cantidad de recursos interpuestos por los abogados de los señalados, con el propósito de entorpecer la pesquisa. En 2020, por ejemplo, este proceso estuvo paralizado por casi 11 meses en espera de que la Corte resolviera un amparo de garantías que permitió que las investigaciones se reanudarán, al extender el plazo de la investigación.
