El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó un veredicto absolutorio a favor de los 185 procesados por presunto peculado a través de la compensación de buses diablo rojos.
El fallo favorece a dos estrechos colaboradores del presidente José Raúl Mulino: su asesor Jorge Ricardo Ricky Fábrega y el secretario general de la Contraloría, Ventura Vega. Antes de su designación en ese cargo, Vega también fue asesor presidencial de Mulino.
También fueron absueltos Roberto Moreno Olivares y Juan Pablo Mora.
Los cuatro -Fábrega, Vega, Moreno y Mora- ocuparon el cargo de director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en algún momento del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), en el que Mulino fue ministro de Seguridad Pública.
La sentencia (la número 11) fue adoptada por la juez Agueda Rentería el pasado 25 de agosto de 2025, pero fue dada a conocer este lunes 8 de septiembre.
El Ministerio Público había solicitado la absolución de los exdirectores, al considerar que no existían pruebas que acreditaran que éstos hubieran diseñado, dirigido o participado en una estructura criminal destinada a defraudar al Estado. Por tanto, a criterio de la juez Rentería, no se podía atribuir una conducta dolosa a sus subalternos.
En su fallo Rentería señaló que “esta solicitud de absolución [del Ministerio Público] fue determinante.... Si los máximos responsables de la entidad administrativa no fueron acusados por carecer de elementos de convicción en su contra mal podría sostenerse que funcionarios subalternos, transportistas o particulares actuaron como supuestos agentes de manejo de recursos públicos para la comisión de un delito cuya autoría quedó descartada por la propia fiscalía”.
A su vez, el fallo de la juez Rentería recalca que si el Ministerio Público optó por solicitar la absolución de los exdirectivos ATTT, el juzgado no puede suplir la inactividad acusatoria, ni construir de oficio una responsabilidad penal que no fue sostenida enjuicio.
“Por lo tanto, extender responsabilidad a los subalternos o transportistas sin prueba de dolo ni acusación formal, implicaría vulnerar el principio de legalidad, presunción de inocencia e imparcialidad judicial, pilares esenciales del proceso penal”, explicó la juez, según recoge una nota de prensa del Órgano Judicial (OJ), que informa sobre el fallo absolutorio.
Rentería también advirtió que el examen probatorio reveló que las irregularidades detectadas en el programa de compensación obedecieron a deficiencias administrativas y a falencias en los mecanismos de supervisión, “más no a una concertación dolosa dirigida a sustraer fondos estatales”.
“No se demostró que los funcionarios procesados omitieron deliberadamente sus deberes de control, ni que hubiesen facilitado conscientemente un esquema fraudulento en beneficio de terceros”, señala la nota de prensa del OJ. Tampoco se probó que la conducta de los imputados tuviera intención de causar una lesión patrimonial.
El juicio por este caso tuvo una duración de aproximadamente de 3 meses.
El expediente constaba de 717 tomos y en el desarrollo de la misma participaron dos abogados querellantes en representación del Estado panameño, 88 defensores y 6 defensores públicos.
Los dos querellantes también solicitaron la absolución.
El Ministerio Público estuvo inicialmente representado por el ahora exfiscal anticorrupción Mahamad Daud Hassan, así como por los fiscales Anilú Batista, Edwin Juárez, Blanca Jiménez y Pedro Menacho.
Lo significativo de este caso es que una auditoría de Contraloría había encontrado una lesión patrimonial calculada en $24 millones, puesto que muchos dueños de diablos rojos fueron compensados en más de una ocasión, por el mismo vehículo. Incluso se asignaron fondos a buses que ni siquiera estaban en servicio u operaban rutas en el interior del país.
Los antecedentes
En 2010, durante el gobierno de Martinelli, desde el Ministerio de la Presidencia se puso en marcha un millonario plan para modernizar el transporte público: sacar de las calles a los diablos rojos. La estrategia era reemplazarlos por los nuevos buses del sistema Metro Bus, servicio que eventualmente se complementaría con los trenes del Metro.
Sin embargo, fue el ministro de la Presidencia de aquella época, Demetrio Jimmy Papadimitru, quien presentó una denuncia en febrero de 2012, por las irregularidades en las compensaciones.
