Nueve de cada diez acusados de algún delito en el interior del país tiene defensores públicos pagados por el Estado.
La información fue dada a conocer por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado durante un encuentro con medios de comunicación, al ser consultado sobre mejoras tentativas que se deban hacer al sistema penal acusatorio.
"En el interior del país, la defensa pública ha cargado con más de 90% de los casos del sistema penal acusatorio. Queremos que esto se equilibre y que sea 50% y 50% o 60% a 40% a favor de los litigantes particulares", señaló el magistrado.
"Antes de lo que la gente se quejaba era de que (los acusados) no tenían defensa. (Ahora) los abogados particulares se están quejando de que no se les está permitiendo el trabajo, porque se están dando todo (los casos) a los defensores públicos. Eso hay que tomarlo en cuenta porque es una queja válida de quienes ejercen la defensa particular y que tienen un rol muy importante que aportar", precisó el funcionario.