La jornada de este domingo 26 de junio de entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se centró en el debate de si uno de los interesados está o no inhabilitado para ejercer el cargo.
Ello a raíz de que la Comisión Especial Evaluadora entrevistó a Armando Fuentes Rodríguez, quien fue nombrado como administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) mediante el Decreto Ejecutivo No. 94 de 2 de julio de 2019, firmado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander con ingresos de 7 mil dólares (3 mil 500 en salario y 3 mil 500 en gastos de representación).
En su artículo 303 la Constitución establece que no podrá ser magistrado de la Corte quien “esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso”.
Los comisionados quisieron saber la perspectiva de Fuentes, quien dice que no ha dejado el cargo en la Asep porque lo de la Corte es apenas una “expectativa”, echó mano del artículo 175 de la Constitución.
Allí se plantea que el Ejecutivo está constituido por “el Presidente de la República y los ministros de Estado”. Es decir, que según su análisis, no está bajo el paraguas del Ejecutivo y, por ende, él estaría habilitado para ser magistrado.
“Yo garantizo mi independencia, además de eso tengo la prohibición de ejercer la profesión de abogado y desde que asumí el cargo no he ejercido la profesión. Al final yo creo que es un tema de interpretación constitucional”, dijo Fuentes.
Por otro lado, opinó que el sistema penal acusatorio, implementado en Panamá a partir de 2016, ya ha perdido su eslogan de “rápido, moderno y participativo” por lo que hay que trabajar mucho en mejorarlo, especialmente para acelerar los tiempos de la justicia.
También este 26 de junio fueron entrevistados los abogados Arnulfo Ávila Magallanes, Boris Quintero, Pablo Chen Vallarino, Esteban Poveda Huertas e Hipólito Gill Suazo.
Desde que empezó el proceso de entrevistas el pasado 16 de junio, ante la Comisión han comparecido 57 de los 93 aspirantes a magistrado principal y suplente de la Sala Penal.
Según el calendario de entrevistas este proceso finaliza el próximo 2 de julio.
Tras culminar la fase de entrevistas los miembros de la Comisión evaluarán a los aspirantes para luego entregar una lista al presidente Cortizo con el perfil y los candidatos más potables para ejercer el cargo en reemplazo del magistrado José Ayú Prado, que en diciembre de 2022 finaliza su período.
