La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de nulidad contra el Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026 del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) que permite a Minera Panamá la comercialización del material de cobre que aún se encuentra en la mina, ubicada en el corregimiento de Donoso, provincia de Colón.
La demanda, interpuesta por el abogado Roberto Ruiz Díaz ante la Sala Tercera, busca dejar sin efecto el decreto que permite a la empresa Minera Panamá comercializar el producto que se encuentra expuesto y almacenado en la mina, a pesar que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato que le fuera asignado para la explotación del yacimiento de cobre ubicado en Donoso.
La demanda objeta la resolución por considerarla, entre otros aspectos, una reactivación de la mina.
El decreto ejecutivo No. 5 de 1 de abril reglamenta algunas disposiciones contenidas en el artículo 115 de la Ley No. 23 de 22 de agosto de 1963, que aprueba el Código de Recursos Minerales, en materia de medidas necesarias para eliminar las condiciones peligrosas que resulten de las operaciones mineras.
El decreto demandado establece criterios técnicos, procedimientos, responsabilidades y mecanismos de supervisión para eliminar situaciones peligrosas resultantes de operaciones mineras que se encuentren en situación de abandono. También señala que ninguna operación podrá darse por terminada sin cumplir con estas disposiciones.
Asimismo, detalla que las empresas deberán presentar al Mici un plan de preservación, gestión segura y mantenimiento, en un plazo determinado, el cual será de obligatorio cumplimiento.
Por otra parte, la citada resolución señala que las medidas que se ordenen o autoricen para eliminar las condiciones peligrosas serán sufragadas por la persona natural o jurídica que haya realizado las operaciones mineras.
El Mici autorizó a Minera Panamá para que procese, exporte y comercialice el material rocoso expuesto en la Mina Cobre Panamá por considerar que, de no ser manejado de forma adecuada, su exposición a condiciones climáticas representa un riesgo real de generar drenaje ácido y afectar el suelo y las fuentes de agua.
El 4 de junio de 2026, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó la conformación de un equipo interinstitucional que deberá evaluar y presentar recomendaciones sobre el futuro de la actividad minera en el país.
El equipo está encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, a quien acompañan el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes estarán encargados de evaluar y tomar una decisión sobre el futuro de este sector.
