Este 19 de julio se cumplen 32 años del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas. La explosión del avión, ocurrida en 1994 pocos minutos después de despegar del aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Colón, dejó un saldo de 21 personas fallecidas y marcó uno de los episodios más trágicos de la aviación panameña.
Como último avance del caso, el 16 de julio se conoció que la Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre un recurso de habeas corpus, un amparo de garantías constitucionales y un recurso de prescripción de la acción penal presentados dentro de la investigación contra Ali Hage Zaki Jalil, uno de los presuntos implicados en el atentado.
La defensa de Zaki presentó el habeas corpus al considerar ilegal la orden de detención expedida por la fiscal Geomara Guerra, al sostener que esta carece de competencia para conocer el caso. El recurso, que se encuentra en manos de la magistrada Ariadne García, argumenta que el proceso debe tramitarse bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio (SPA), con base en una resolución de la Corte del 5 de junio de 2017 que dispone que los procesos posteriores a enero de 2018 deben regirse por ese sistema.
En el recurso también se plantea que el Segundo Tribunal de Justicia ordenó el archivo provisional del expediente el 29 de septiembre de 2006 y que la Fiscalía solicitó su reapertura el 31 de julio de 2019, por lo que, según la defensa, el proceso debe seguir las reglas del SPA. Asimismo, se alega que la resolución para indagar a Zaki fue emitida en 2022 y que su detención ocurrió el 20 de febrero de 2025, varios años después de la entrada en vigor del criterio fijado por la Corte.
Además, el máximo tribunal deberá resolver una apelación contra la decisión del Tribunal de Liquidación de Causas Penales que declaró la investigación como causa compleja y concedió a la fiscal Guerra un año adicional para practicar nuevas diligencias.
Semanas antes, el 28 de mayo, la defensa presentó un incidente de nulidad para dejar sin efecto la investigación contra Zaki.
Previamente, el 14 de mayo, la Fiscalía Superior de Liquidación había solicitado que el expediente fuera declarado causa compleja, con el fin de ampliar por un año el plazo de investigación. Fuentes ligadas al proceso señalaron que la petición respondía a la necesidad de concluir varias diligencias pendientes relacionadas con la explosión de la aeronave.
Uno de los mayores avances del caso ocurrió el 20 de abril de 2026, cuando Zaki fue extraditado desde Venezuela, luego de que las autoridades de ese país autorizaran su entrega a Panamá para enfrentar el proceso judicial. El sospechoso fue localizado en la isla de Margarita tras una investigación conjunta que contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Debido a que las autoridades lo vinculan con el grupo Hizbulá, Zaki fue trasladado a su llegada al país bajo un fuerte dispositivo de seguridad conformado por unidades de fuerzas especiales.
Al comparecer ante la fiscal Geomara Guerra, el imputado se acogió al artículo 25 de la Constitución, que establece que ninguna persona está obligada a declarar en un proceso penal contra sí misma o contra determinados familiares.
El proceso había permanecido prácticamente estancado durante años. Sin embargo, la investigación fue reabierta en 2019, luego de una solicitud presentada por la Fiscalía Superior de Descarga de Panamá, lo que permitió retomar diligencias e impulsar nuevamente el caso.
