Miércoles 11 de marzo. Es el último día del juicio por presuntos sobrecostos en dos proyectos viales ejecutados durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
Los abogados del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y del empresario Marcelo De la Rosa presentaron sus alegatos ante la juez Águeda Rentería. En la jornada del pasado martes la fiscal superior Ruth Morcillo, quien lidera el equipo del Ministerio Público en el juicio, pidió condena para ambos.
La solicitud de condena de la fiscalía marcó el punto de partida de los alegatos finales de la defensa, que centraron su estrategia en desmontar las pruebas que sustentan la acusación.
Los abogados de los imputados cuestionaron la solidez del peritaje utilizado para sustentar la supuesta lesión patrimonial y señalaron inconsistencias en el informe técnico que habla de sobrecostos en las obras investigadas.
Le puede interesar: Por qué la fiscalía considera responsable a Federico Suárez y no a la comisión evaluadora en el juicio por sobrecostos
Abogado de Suárez dice que el peritaje es ‘ilegal’
El abogado Rosendo Miranda, defensor de Suárez, centró parte de su exposición en cuestionar la legalidad del peritaje que sustenta la acusación del Ministerio Público. Según explicó, “la columna vertebral de toda la investigación del Ministerio Público descansa en un sobreprecio que solamente lo indica” el perito Aristides Hernández.
Miranda afirmó que ese informe carece de validez porque el perito empezó a trabajar antes de tomar posesión formal del cargo. “Ese informe es totalmente ilegal”, sostuvo.
En entrevista con La Prensa, el jurista citó una opinión de la Procuraduría de la Administración que prohíbe ejercer funciones públicas antes de juramentarse. “El procurador dijo que eso está totalmente prohibido por la ley y quien lo haga viola la ley”, sustentó.
Recordó que, según los registros del caso, el perito inició labores el 17 de febrero de 2017 y tomó posesión el 3 de abril de ese mismo año. A partir de esa circunstancia, la defensa concluye que el peritaje constituye una prueba ilícita. “¿Cuál es la consecuencia lógica de esto? Es una prueba ilícita porque viola la ley”, afirmó.
El defensor también cuestionó la tesis del sobreprecio. Indicó que existen varios informes de auditoría de la Contraloría que revisaron los contratos en distintas etapas y concluyeron que se ajustaron a la ley.
“El único que habla de sobrecostos es Aristides Hernández. Más nadie habla de eso. Ni los auditores de la Contraloría”, dijo. Rivera sostuvo que la Fiscalía ignoró esos informes y ordenó la detención de su cliente por peculado pese a que, según él, esos documentos señalaban que “en ninguno de los dos contratos existieron irregularidades”.
‘Se cumplió con la ley’: defensor de De la Rosa
Por su parte, Ariel Núñez, abogado de Marcelo De la Rosa, quien era el representante legal de la consultora Louis Berger en Panamá, defendió el rol de esta compañía y rechazó que participara en un supuesto esquema para manipular precios.
Explicó que la firma fue contratada para realizar dos consultorías: una estimación de costos de los proyectos y asesoría técnica a la comisión encargada del proceso.
“Le evidenciamos a la jueza que tanto en la primera consultoría como en la segunda Louis Berger cumplió con la ley, con los criterios técnicos y con la legislación panameña”, manifestó.
Núñez también cuestionó el informe del perito Hernández. Según explicó, el experto tomó la estructura del estudio de la consultora y modificó porcentajes utilizados para calcular costos indirectos y factores financieros.
“El perito Hernández se monta en la estructura del informe de Louis Berger y comienza a cambiar valores”, sostuvo. Añadió que esas modificaciones carecen de sustento técnico. “Con esa falacia, sin explicar y sin tener ningún elemento técnico, llegó a decir que había un sobrecosto”, señaló.
El abogado también comparó las cifras del proceso de contratación. Indicó que Louis Berger estimó el costo histórico del proyecto en 164 millones de dólares, mientras que el precio de referencia fijado por el Ministerio de Obras Públicas fue de 170 millones y la adjudicación final alcanzó 168 millones.
“Todas las propuestas que se hicieron pusieron los precios por encima de Louis Berger”, argumentí.
A su juicio, la acusación se apoya en una interpretación equivocada del concepto de sobrecosto. “Sobrecosto no significa ilicitud”, agregó.
¿Quién es Marcelo De la Rosa?
De la Rosa, arquitecto argentino, figuraba como representante legal de la consultora Louis Berger en Panamá durante las contrataciones. Según su defensa, no es accionista ni beneficiario de la empresa. Su función consistía en la representación legal de la firma en el país, mientras los estudios técnicos se elaboraban con equipos especializados de ingenieros y consultores.
El abogado señaló que su cliente tiene 75 años y permanece vinculado al proceso desde hace ocho años, sin poder salir de Panamá. También resaltó su trayectoria profesional y académica. Contó que tiene experiencia en consultorías internacionales y docencia universitaria en Argentina y Panamá.
La teoría de la fiscalía
No obstante, la acusación del Ministerio Público sostiene que las pruebas del expediente permiten atribuir responsabilidad penal a Suárez y De la Rosa por el delito de peculado. Durante sus alegatos finales, la fiscal Ruth Morcillo explicó que el análisis de la fiscalía se centró en dos elementos: el conocimiento del hecho y el dominio sobre las decisiones que permitieron ejecutar los contratos investigados.
Según esa tesis, la posición que ocupaba Suárez como ministro le daba control sobre los proyectos y sobre las decisiones estratégicas vinculadas con su contratación.
La fiscalía también argumenta que los contratos se ejecutaron con costos inflados. De acuerdo con su planteamiento, el incremento artificial de los precios formaba parte de un mecanismo que permitía a las empresas disponer de recursos adicionales para el pago de sobornos o comisiones ilegales dentro de la contratación pública.
Esa hipótesis se apoya en auditorías de la Contraloría y en peritajes que analizaron la estructura de costos de las obras y concluyeron que los precios estaban por encima de valores considerados razonables.
En el caso de De la Rosa, la Fiscalía argumenta que su papel como representante legal de la consultora Louis Berger lo ubica dentro de la dinámica contractual que facilitó la ejecución de los proyectos con precios superiores a los del mercado.
Según el Ministerio Público, la participación de la empresa en la estimación de costos formó parte del esquema que permitió estructurar los contratos investigados.
La fiscalía también solicitó la absolución de los cinco integrantes de la comisión evaluadora al no encontrar pruebas de que conocieran el presunto esquema que generó los sobreprecios.
Auditorías de la Contraloría concluyeron que los proyectos presentaban precios por encima de los valores razonables. En el caso de la remodelación del Casco Antiguo, el informe identificó un sobreprecio de $51.4 millones. En la ampliación de la avenida José Domingo Díaz, el monto alcanzó $47.3 millones.
El juicio se desarrolla ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y entra en su fase final luego de la presentación de pruebas, testimonios y peritajes.
La juez Águeda Rentería deberá evaluar los alegatos finales antes de emitir su decisión.
El juicio concluyó a las 4:20 p.m. de este miércoles. La juez se acogió al plazo que establece la ley para emitir la sentencia.
