La Alianza Ciudadana Pro Justicia calificó este sábado 29 de junio de arbitraria la decisión del procurador general de la Nación, Javier Caraballo, de destituir a los fiscales Zuleyka Moore y Adecio Mojíca.
“La arbitraria decisión tomada por el procurador Caraballo, constituye una violación a los principios de independencia judicial, a la institucionalidad de un Estado de Derecho y un duro golpe a la credibilidad del Ministerio Público”, se plasma en parte de un comunicado.
La organización recordó que Moore fue la fiscal que dirigió la investigación del caso de los radares comprados por el Ministerio de Seguridad, durante la administración del presidente Ricardo Martinelli y que por tratarse de un equipo de seguridad, de la cartera a cargo del hoy presidente electo, la adquisición fue objeto de investigación entre los años 2015 y 2016.
Además, se menciona que Mojíca fue uno de los fiscales de investigar casos de corrupción de alto perfil, como el de Odebrecht.
Alianza Ciudadana Pro Justicia argumentó que existen diferentes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pronunciamientos de otros entes internacionales que amparan la estabilidad en el cargo de estos operadores de justicia, sean o no de carrera.
Así mismo explica que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la independencia judicial inicia por la independencia de los fiscales del Ministerio Público y que ante este escenario deben gozar del mismo tratamiento de los jueces, en relación con su selección, cese, régimen disciplinario y estabilidad en el empleo, ya que desarrollan funciones interconectadas.
“El procurador Caraballo, quien está al frente de la Procuraduría General de la Nación desde el año 2021 y por sus actuaciones anteriores refleja conocimiento del debido proceso, ha debido proceder conforme a derecho, procediendo a investigar cualquier denuncia si la hubiere; pero la destitución arbitraria de los fiscales Zuleyka Moore y Adecio Mojica, vinculada al inicio de una nueva administración, con intereses en los procesos liderados por los fiscales destituidos, es una terrible señal para la justicia panameña.
