El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales admitió 23 pruebas y le rechazó otras 19 a la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Alma Cortés, quien será enjuiciada junto a dos personas más, el próximo 17 de julio, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
Entre las pruebas admitidas por la jueza primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, a la exministra se encuentran los testimonios de Tatiana Chérigo Herrera, Omar Matos Castillo, Miriam Vásquez, Rolando Solís, Oldemar Guerra, Lastenia Domingo, Tamara de Parodi, Michelle Caballero, Janio Lescure, Rubén Darío Moreno, Rosemay Cedeño, José María Torrijos Legazpi y dos auditores.
En esa lista también están el viceministro de la Presidencia y exsecretario general de la Contraloría, Carlos García Molino; el excontralor Federico Humbert y el diputado Luis Ernesto Carles, quien por un tiempo fue viceministro de Cortés cuando ella estuvo en el Mitradel.
Todos serán convocados al juicio por la defensa de Cortés.
Como pruebas documentales, el tribunal aceptó una serie de certificaciones del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Cuentas, relacionadas con un proceso seguido en esa esfera a la exministra.
Con relación a las 19 pruebas no admitidas a la defensa de Cortés, se encuentran informes solicitados a bancos locales sobre su actividad financiera.
También se admitió una prueba pericial.
La investigación por este caso inició en junio de 2016, cuando la Contraloría General de la República, entonces a cargo de Humbert, entregó las copias de un informe de auditoría relacionado al patrimonio de Cortés. Según ese documento, Cortés no habría podido justificar $2.6 millones adquiridos entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2015, cuando ejercía como ministra.
En diciembre del 2022, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un sobreseimiento a favor de Cortés, en un proceso por presunto peculado en perjuicio del Mitradel, relacionado con el cobro de unos viáticos para asistir a unas reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, entre junio y noviembre de 2011, por $49 mil.
En esa ocasión, el tribunal consideró que se había hecho una valoración que se aparta de los parámetros establecidos por la ley al analizar el proceso seguido a la exministra y a otros cinco exfuncionarios.
