Un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas fue presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión de la juez Agueda Rentería de absolver a los 185 investigados por la presunta comisión del delito de peculado a través de la compensación de autobuses de transporte público que se conocían como “diablos rojos”.
La petición del fiscal Ariel De Gracia no incluye la revocatoria de la sentencia absolutoria dictada a favor de los exdirectores de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) Roberto Moreno Olivares, Juan Pablo, Jorge Ricardo Fábrega y Ventura Vega, esto dos últimos estrechos colaboradores del presidente de la República, José Raúl Mulino (2024-2029).
En la actualidad Fábrega ocupa el cargo de asesor de Mulino, mientras que Ventura Vega está nombrado como secretario general de la Contraloría General de la República.
En su escrito de apelación, el fiscal De Gracia solicitó al tribunal de apelaciones dictar un veredicto condenatorio para 164 y un veredicto absolutorio para 21 de los encausados en esta investigación.
En la solicitud de revisión de sentencia presentada ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el fiscal De Gracia alega que en la investigación existen pruebas de la vinculación de transportistas, funcionarios y miembros de las concesionarias en irregularidades en el proceso de compensación de los denominados “diablos rojo”.
De acuerdo con el fiscal De Gracia la juez de primera instancia no valoró el informe de auditoría de la Contraloría General de la República en el que se estableció que el procedimiento de rescate económico de los autobuses derivaron en una afectación al erario público de $24 millones.
El recurso también destaca que la juez de primera instancia Agueda Rentería tampoco tomó en consideración que algunas de las reasignaciones de cupos de buses se realizaron en una fecha límite designada para este proceso.
Sostiene que algunas personas recibieron dinero del proceso de compensación sin ser propietarios de los vehículos ni mantener certificados de operación.
El fallo de primera instancia
En su fallo de primera instancia la juez Agueda Rentería señaló que “esta solicitud de absolución [del Ministerio Público] a favor de los exdirectores de la ATTT fue determinante para beneficiar al resto de los procesados. Ya que si los máximos responsables de la entidad administrativa no fueron acusados por carecer de elementos de convicción en su contra mal podría sostenerse que funcionarios subalternos, transportistas o particulares actuaron como supuestos agentes de manejo de recursos públicos para la comisión de un delito cuya autoría quedó descartada por la propia fiscalía”.
Rentería también sostuvo que si el Ministerio Público optó por solicitar la absolución de los exdirectivos de la ATTT, el juzgado no puede suplir la inactividad acusatoria, ni construir de oficio una responsabilidad penal que no fue sostenida en el juicio.
A la vez el fallo de Rentería explica que las pruebas documentales y testimonios obtenidos durante la investigación demuestran que el proceso de rescate administrativo de los buses tipo “diablos rojo” fue una estrategia implementada por el Estado para modernizar el sistema de transporte público, retirando los antiguos buses para dar paso a un nuevo sistema de metrobuses, y la compensación recibida por los transportistas no representó un beneficio indebido, si no un proceso legal para extinguir concesiones y facilitar la transición hacia el nuevo modelo.
En 2010, durante el gobierno de Martinelli, desde el Ministerio de la Presidencia se puso en marcha un millonario plan para modernizar el transporte público: sacar de las calles a los diablos rojos. La estrategia era reemplazarlos por los nuevos metrobuses, servicio que eventualmente se complementaría con el también nuevo sistema de transporte masivo: el metro.
Sin embargo, fue el ministro de la Presidencia de aquella época Demetrio Papadimitriu, quien presentó una denuncia en febrero de 2012, por las irregularidades en las compensaciones.
