La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Policía Nacional, informó sobre la aprehensión de la exrepresentante de corregimiento Edilsa Gómez y del extesorero de la Junta Comunal de Bugaba, Iván Araúz, quienes son investigados por la presunta comisión del delito de peculado, relacionado con el manejo de fondos de la descentralización.
De acuerdo con las autoridades, ambos fueron ubicados durante operativos realizados este miércoles 4 de febrero por personal del Ministerio Público y la Policía Nacional, como parte de una investigación por el presunto manejo irregular de 49 mil 730 dólares.
Gómez y Araúz forman parte de un grupo de 70 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros que se encuentran bajo investigación, a raíz de una serie de denuncias presentadas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). Estas denuncias están relacionadas con presuntas inconsistencias en el uso de fondos asignados para el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).
Durante los allanamientos realizados por la Fiscalía Anticorrupción, se ubicaron equipos tecnológicos, los cuales están siendo analizados por las autoridades para determinar si contienen información relevante para el desarrollo de la investigación.
Por otro lado, el juez de garantías de la provincia de Chiriquí, Gaspar Marcucci, ordenó el reingreso a un centro penitenciario de la exrepresentante de Dolega, María Elena Rojas, quien había sido beneficiada con una medida temporal de depósito hospitalario.
El juez Marcucci no accedió a la petición de la defensa de Rojas para que se le concediera una medida de depósito domiciliario por razones de salud. La autoridad consideró que no se aportó documentación médica científica que acreditara una condición de salud que justificara dicha modificación. Además, señaló que no se han producido cambios en la situación jurídica de la imputada, al mantenerse vigentes los elementos de vinculación y los riesgos procesales.
Las investigaciones que dieron origen a este caso se iniciaron a raíz de un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República, en el cual se detectó el presunto uso indebido de fondos públicos asignados a las Partidas Discrecionales (PDIS), correspondientes al período 2021–2024.
Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción ha logrado la imputación de cargos contra 11 exrepresentantes de corregimiento y 9 extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización. Sin embargo, la fiscalía aún intenta ubicar a varios exrepresentantes, extesoreros y alcaldes, quienes son mencionados como personas ligadas a las irregularidades denunciadas.
