El procurador de la Administración, Rigoberto González, aseguró que Panamá debe actuar con suma inteligencia y cautela en el proceso de arbitraje con la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el proyecto de explotación minera en los distritos de Donoso y Omar Torrijos en la provincia de Colón.
González aseguró que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es un argumento que Panamá podrá usar en su favor en un proceso de arbitraje, pero que tampoco se puede excluir la posibilidad de algún tipo de negociación para enfrentar el cierre de la mina.
El funcionario también consideró que otro factor que puede jugar en favor de Panamá es la verificación de posibles efectos contaminantes ambientales en las áreas cercanas al proyecto. En este caso se aplicaría la máxima de que “el que contamina paga”.
También consideró que Panamá debe formar un equipo legal de expertos para atender el proceso de arbitraje y afrontarlo con claridad e ir informando a la ciudadanía de los avances en este tema. Tanto el proceso de cierre como el arbitraje, dijo, deben manejarse de forma transparente y con participación de la ciudadanía.
“Una vez que se tenga elaborado el programa a seguir, tiene que darse derecho a la participación ciudadana. Que haya la mayor transparencia posible, a objeto que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo”.
El mandatario Laurentino Cortizo ha dicho que el proceso para el cierre de actividades de la mina será inclusivo, participativo y transparente. La semana pasada tuvo lugar la primera reunión del equipo del Ejecutivo designado para atender la implementación del fallo del 27 de noviembre. Se trata de los ministros de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff; de Seguridad, Juan Manuel Pino; de Trabajo, Doris Zapata, y de Ambiente, Milciades Concepción. Pero no se ha precisado la hoja de ruta ni qué sectores de la sociedad civil estarían en este proceso.
Uno de los primeros pasos dados por la empresa ha sido una petición al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para la desvinculación de 4 mil empleados.
