El Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizaron este viernes la presentación de pruebas ante el Juzgado Primero de Trabajo, en la primera audiencia dentro de la demanda que busca la disolución de ese sindicato.
Durante la audiencia el Suntracs presentó un total de 500 pruebas documentales y 58 testigos que respaldan las actuaciones como organización sindical dedicada a la defensa de los intereses de los trabajadores de la construcción.
También la abogada María Fábrega, quien representa al Mitradel, presentó una moción para invalidar las pruebas presentadas por el Suntracs, pero dicha petición fue desestimada por el juzgado.
Fábrega también realizó la presentación de las pruebas que evacuará durante el juicio, entre ellas, cuatro trabajadores de la construcción y varias pruebas documentales.
Antonio Vargas, abogado del Suntracs, explicó que en la audiencia de hoy se admitieron la totalidad de las pruebas presentadas y que la sesión se reanudará el próximo 24 de abril, cuando se procederá a la sustentación de las pruebas y la presentación de los testigos.
Vargas detalló que entre las pruebas presentadas por el sindicato se encuentran declaraciones hechas por el presidente José Raúl Mulino, en donde declara su intención de erradicar a dicho movimiento.
También explicó que en este caso el sindicato alega que las acciones emprendidas por el gobierno atentan contra la libertad sindical, situación que ha sido denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales.
Vargas recordó que el 13 de febrero de 2025 el presidente Mulino aseguró que el Suntracs no era un sindicato, sino una “organización a la vieja usanza de la mafia transportista y de otras mafias en el mundo”, y que estos son elementos que se presentarán dentro del proceso judicial.
Génesis del conflicto
La participación activa del Suntracs en una serie de manifestaciones y enfrentamientos con los estamentos de seguridad a raíz de la aprobación de la Ley 462 que introdujo reformas al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) fue el detonante del conflicto con el gobierno.
El 17 de julio de 2025, la ministra de trabajo, Jackeline Muñoz, presentó una demanda para la disolución del Suntracs.
La demanda de Muñoz se sustenta en el artículo 392 del Código de Trabajo y responde a múltiples denuncias y hechos que evidencian cómo, bajo la fachada de una organización sindical, se han cometido actos reiterados de extorsión, violencia, estafa, abuso de poder y uso indebido de recursos.
En esa ocasión la ministra alegó que la acción emprendida por el Mitradel no constituye un ataque al sindicalismo ni a la libertad de asociación de los trabajadores.
Para esa fecha la ministra también hizo referencia a los procesos seguidos a los dirigentes del Suntracs Génaro López y Saúl Méndez por delitos de lavado de dinero, estafa y otros delitos relacionados con el proyecto Red Frogs que se desarrollaba en isla Bastimento, Bocas del Toro, y la causa penal seguida a Jaime Caballero por la apropiación de dineros de la cuota sindical de obreros de esa organización sindical.
En el caso de Méndez, se refugió en la Embajada de Bolivia en Panamá, pero luego salió del país. Sobre él pesa una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Mientras que López fue imputado por delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad de documentos y se le aplicó una medida de arresto domiciliario que luego le fue modificada a una medida cautelar de notificación una vez a la semana.
En tanto, Jaime Caballero quien estuvo detenido en el Centro Penitenciario La Joya recibió una medida de depósito domiciliario.
