Tania Sterling, fiscal primera Anticorrupción, y quien además funge como coordinadora de las fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público, reveló que en la
tramitación de los casos de corrupción denunciados en los últimos dos años se ha ordenado el arresto de 175 personas, aunque reconoció que no en todos los expedientes se ordenó detención preventiva.
Destacó que un 80% de los sumarios vinculados con supuestos actos de corrupción, en los que se relaciona a funcionarios del gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), han sido evacuados.
También dijo que en varias ocasiones los procesos se dilatan, mientras esperan las auditorías que elabora personal de la Contraloría General de la República. En ese sentido, explicó que este elemento es “indispensable” para conocer el destino dado a los fondos públicos, así como para determinar la responsabilidad de los funcionarios en su buena o mala administración.
A la vez, reconoció que el reunir la información a través de diligencias de inspección ocular, así como la toma de declaraciones, la verificación de registros bancarios y la acreditación de la vinculación de los presuntos implicados, “toma tiempo”.
Reconoció que algunas de las detenciones aplicadas han sido modificadas por los tribunales con medidas cautelares que van desde arresto domiciliario hasta el impedimento de salida del país, pero añadió que en la mayoría de los casos se ha mantenido su vinculación al proceso.
En ese sentido, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reiteró que la aplicación de una medida cautelar distinta a la detención preventiva por parte de un juzgado no es una desvinculación del procesado del delito por el cual se le investiga.
Enfatizó que “por el contrario, es una muestra de que el juzgado avala la investigación del Ministerio Público”.