Un presunto esquema de manipulación de datos e incorporación de títulos falsos al sistema informático del Ministerio de Educación (Meduca) fue expuesto por la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares a 22 personas vinculadas a la Operación Credenciales 2.0.

La diligencia concluyó en la madrugada del viernes 23 de octubre, después de tres días de sesiones. La jueza de garantías Yazmín Jaén ordenó la detención provisional de 13 imputados, arresto domiciliario para siete y reporte periódico para otros dos.

Según el Órgano Judicial, el grupo está integrado por 17 educadores, dos analistas y tres presuntos captadores. Los cargos incluyen falsificación de documentos, blanqueo de capitales, ejercicio ilegal de una profesión, delincuencia organizada y uso indebido de la plataforma del Meduca, según la participación atribuida a cada investigado.

Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión sostuvo que los imputados habrían utilizado un mecanismo similar al investigado en agosto pasado: introducir información académica falsa en el Sistema de Recursos Humanos Educativos (Siarhe) para mejorar las puntuaciones de los aspirantes y facilitar nombramientos en centros educativos oficiales.

De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, algunos investigados presentaron diplomas supuestamente expedidos por la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y otras universidades, pese a que las verificaciones realizadas no acreditaban que hubieran cursado esos estudios.

Así operaba la red dentro del Meduca que falsificó diplomas para concursos de docentes

El esquema habría contado con intermediarios encargados de captar a aspirantes interesados en alterar sus puntuaciones. Para incorporar la información, presuntamente recurrían a funcionarios con acceso a los sistemas institucionales.

Carrión señaló a un funcionario que laboraba en la sede del Meduca en Las Tablas, provincia de Los Santos, como una de las personas encargadas de ingresar manualmente los datos fraudulentos para respaldar las postulaciones.

Según la tesis del Ministerio Público, existía una división de tareas entre quienes captaban a los interesados, gestionaban los documentos e introducían la información en la plataforma. La Fiscalía también investiga el movimiento del dinero procedente de los presuntos cobros ilícitos.

Las contrataciones examinadas corresponden al período comprendido entre 2020 y 2026. El perjuicio económico atribuido a este grupo se estima en $358 mil, por salarios y beneficios presuntamente desembolsados de manera indebida.

Así operaba la red dentro del Meduca que falsificó diplomas para concursos de docentes
La audiencia se desarrolló en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, en plaza Ágora. LP/Elysée Fernández

Los antecedentes

La investigación forma parte de las pesquisas sobre irregularidades en los concursos de nombramiento docente. Las alertas iniciales surgieron de educadores que detectaron inconsistencias en los listados de elegibles y cuestionaron las credenciales de personas que aparecían en posiciones privilegiadas.

La directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, explicó entonces que esas denuncias motivaron una revisión interna. Entre los hallazgos figuraban títulos incorporados sin verificación con las universidades que supuestamente los habían expedido.

En agosto, la Operación Credenciales 1.0 dio lugar a dos audiencias que involucraron a 25 personas, según el Órgano Judicial. En la diligencia principal, correspondiente a 23 imputados, se ordenó la detención provisional de 10 y retención domiciliaria para 13. En una audiencia separada, otras dos mujeres quedaron detenidas provisionalmente. La Fiscalía sigue la pista de otras personas que podrían estar involucradas en la red criminal. Hasta el momento, solo se ha detenido a tres personas más vinculadas con el caso.

En la investigación actual, la Fiscalía solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) un informe sobre la trazabilidad de los fondos movilizados por los integrantes de la presunta estructura, con el propósito de establecer el recorrido del dinero y la posible participación de otras personas.

Las medidas cautelares fueron apeladas por 12 defensores.

Según el Órgano Judicial, la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones quedó fijada para el 23 de noviembre de 2026, a las 8:30 a.m.