En el Municipio de Las Minas, en la provincia de Herrera, fue detectado un fraude por varios miles de dólares en enero pasado.
El alcalde Rigoberto Díaz González se apresuró a poner una denuncia el pasado 26 de enero, al día siguiente de descubrir tres cheques con una firma que no era la suya.
Es así que el alcalde, autorizado por el Consejo Municipal de Las Minas, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigara el caso, bajo la premisa de que hubo un delito contra la fe pública y la administración pública.
Cinco meses después, se han recabado más pruebas; se ha identificado al presunto falsificador y lo que parecen ser varios cómplices. Incluso, lo que pueden ser nuevos delitos: asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales. Pero el caso está estancado, sin avances significativos, en espera de una auditoría solicitada a la Contraloría General de la República por el Ministerio Público (MP) y la Fiscalía General de Cuentas.
Pero, por los antecedentes que hay en este tipo de casos (que se maneja bajo el sistema penal acusatorio o SPA), es más probable que este proceso sea archivado a que haya avances.
Un informe de la Procuraduría General de la Nación –revelado en septiembre del año pasado– deja ver la indiferencia de la Contraloría en este tipo de asuntos.
Ese informe es sobre las auditorías solicitadas por el MP a la Contraloría con fines de investigación penal. Las fiscalías anticorrupción –del 2 de enero de 2020 a septiembre pasado– solicitaron 101 auditorías, pero solo recibieron el resultado de cuatro. La Fiscalía Anticorrupción de Veraguas pidió 10, pero recibió una. A la Fiscalía Superior de Descarga no le fue mejor: solicitó cuatro auditorías y no recibió los resultados de ni una.
Por ello, las fiscalías anticorrupción tuvieron que archivar 11 expedientes, y la de Veraguas, dos.
En Herrera, donde está la causa seguida al alcalde de Las Minas, los fiscales pidieron a la Contraloría ocho auditorías, pero no han recibido ni una sola, lo que provocó que se desestimara la mitad de los casos investigados. Lo mismo en Coclé, donde casi todos los casos de corrupción han sido archivados porque la Contraloría, de seis solicitudes que recibió para hacer auditorías, solo entregó el resultado de dos.
Las auditorías de la Contraloría pueden determinar el monto de la afectación, incluso las personas presuntamente involucradas. Además, sin una auditoría de esta entidad oficial, las investigaciones en el MP se pueden estacar hasta que los casos sean desestimados por falta de pruebas o por la extinción de la causa.
Sin avances
En el caso de la falsificación de cheques en el Municipio de Las Minas, esta alcaldía ha aportado copia de 19 cheques falsificados, 12 de los cuales fueron endosados a un comercio de electrónica y celulares en Chitré, en la provincia de Herrera. Incluso, ha identificado al presunto autor del fraude: un funcionario de la alcaldía que, tras descubrirse la falsificación, renunció a finales de enero de este año.
Sin embargo, el presunto producto del fraude –de poco más de $12 mil, aunque se cree que podría ser mayor de $20 mil– no solo no fue embargado en el banco, sino que el supuesto autor llevó a cabo varias transacciones en febrero, marzo y abril, a través de la plataforma Yappy –trasladando dinero por supuestas “ganancias”– a un comercio y que la alcaldía ha solicitado también investigar.
Además, la alcaldía busca determinar si el suegro del sospechoso –Miguel Barría Moreno, quien ocupaba el cargo de contador– está en este esquema de fraude, ya que un cheque de mil dólares fue hecho por el exfuncionario a nombre su suegro.
La víctima también busca que se determine la responsabilidad –si la hay– de un almacén de telas, ya que varios de los cheques fraudulentos fueron endosados a nombre de ese comercio, así como de sus propietarios, a los que la alcaldía ha solicitado investigar como parte de un presunto esquema de asociación ilícita para delinquir.
En el Ministerio Público, empero, el caso no ha dado señales de avance. La alcaldía presentó un recurso para ampliar la investigación el pasado 17 de mayo, pero ni siquiera ha recibido una confirmación de admisión del documento, tras un mes de haberlo entregado.
Fuentes alcaldicias también se preguntan cómo, con todas las pruebas que validan el supuesto delito del fraude por falsificación, el exfuncionario no ha sido llevado ante un juez de garantía para formularle cargos. Para las fuentes consultadas, existen evidencias claras de que la falsificación está comprobada, por lo que el MP, en esa línea de investigación, ha debido avanzar.
