El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, aseguró que los dos proyectos de ley presentados la semana pasada ante la Asamblea Nacional buscan dar mayor agilidad a las investigaciones relacionadas con delitos de corrupción y “quitarnos la cadena” que representan las auditorías de la Contraloría General de la República.
En su primera entrevista tras asumir como procurador el 2 de enero de 2025, Gómez afirmó en TVN que la obtención de los informes de auditoría por parte de la Contraloría suele demorar, lo que retrasa la tramitación de casos por peculado y otros delitos vinculados a la administración de bienes públicos.
El jefe del Ministerio Público explicó que el proyecto de ley general anticorrupción propone el uso de mecanismos distintos al informe de auditoría como elemento probatorio en los delitos contra la administración pública.
Aseguró que la nueva propuesta permite utilizar las auditorías internas de las instituciones, así como informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para darle mayor agilidad a las investigaciones y presentarlos como evidencia durante la sustentación de los procesos ante los jueces.
Reconoció que la tendencia de los tribunales ha sido exigir el informe de auditoría como pieza clave en los procesos por peculado, pero afirmó que las herramientas propuestas también poseen una gran carga probatoria.
La iniciativa incluye, además, la aplicación de técnicas de investigación como el uso de agentes encubiertos y la interceptación de conversaciones telefónicas.
Asimismo, se busca implementar mecanismos de protección para las personas que denuncien actos de corrupción, con el objetivo de salvaguardar su integridad física.
Ministerio Público tramita 61,072 investigaciones
Gómez detalló que en la actualidad el Ministerio Público mantiene unos 61 mil 072 casos activos de los cuales 3,840 corresponden a delitos contra la administración pública.
Relató que, solo en el tema de la descentralización, se recibieron 300 denuncias. Como parte de esas investigaciones, se solicitaron 196 informes de auditoría a la Contraloría, de los cuales solo se han recibido 30; en 27 de ellos se detectaron lesiones patrimoniales en perjuicio del Estado.
Casos de vandalismo en Bocas del Toro
Con relación a las acciones judiciales emprendidas en Bocas del Toro, a raíz de los actos de vandalismo y la operación Omega llevada a cabo por la Policía, destacó que hasta el momento se han judicializado 281 casos por delitos como incendiarismo, apología del delito y atentado contra servidores públicos.
También explicó que se iniciaron 64 investigaciones contra miembros de la Policía por supuestos casos de abuso policial en incidentes registrados tanto en Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí y Darién.
A la vez reveló que se investiga la muerte de un menor de edad supuestamente afectado por gases lacrimógenos. Explicó que se realizará la exhumación del cuerpo de la supuesta víctima el próximo mes de agosto para determinar las causas de su deceso.
El procurador Gómez afirmó que los hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro no guardan relación con el derecho a la protesta pacífica, al que todo ciudadano tiene derecho. Se trató, según dijo, de actos de violencia contra instituciones y comercios que causaron un grave perjuicio.
Auditorías de caso Odebrecht aún no llegan
Con relación al juicio del caso Odebrecht, el procurador Gómez informó que la Fiscalía Anticorrupción aún no ha recibido dos auditorías clave: una proveniente de Brasil y otra de Estados Unidos. No obstante, aseguró que, de llegar dichos documentos, la fiscalía cuenta con suficientes elementos para sustentar la acusación durante el juicio.
Gómez consideró poco probable que la audiencia se realice en la fecha inicialmente fijada, el próximo 11 de noviembre, y estimó que lo más probable es que se lleve a cabo en su fecha alterna, el 12 de enero de 2026.
Caso Suntracs
Sobre las investigaciones a dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el procurador indicó que en el caso de Saúl Méndez ya se activó la alerta roja de Interpol para su ubicación y localización. Agregó que la fiscalía a cargo del caso evalúa las herramientas legales disponibles para lograr su retorno al territorio nacional.
Sin embargo, detalló que en los últimos años Panamá no ha recibido respuesta a múltiples solicitudes de cooperación enviadas al Estado Bolivariano de Venezuela, donde se sospecha está Méndez. Mientras tanto, los procesos relacionados con otros dirigentes del Suntracs continúan su curso.
