El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales concluyó este miércoles 14 de enero la lectura del auto de llamamiento a juicio dentro del caso Odebrecht, en el que se vincula al expresidente panameño Ricardo Martinelli, al exministro Frank De Lima, así como a Jaime Lasso, Michelle Lasso y Aaron Mizrachi, todos imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con el pago de coimas por parte de la constructora brasileña.
En el caso de Ricardo Martinelli, la trazabilidad de los hechos determina que su participación surge por haber recibido fondos en calidad de destinatario final, tanto a título personal como a través de sociedades como Richeliu Investment Company Inc. e Importadora Ricamar, S.A., dineros que estaban vinculados a la denominada Caja 2 de Odebrecht. Estos recursos provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas, creado para gestionar pagos ilícitos no contabilizados, canalizados a través de cuentas en el extranjero controladas por sociedades como Constructora Internacional del Sur, Kleinfeld Services Ltd., Innovation Research Engineering e Intercop Logistic Ltd., manejadas por Olivio Rodrigues. Posteriormente, los fondos eran transferidos a Caribbean Holding Services, desde donde se realizaban transacciones financieras y se emitían cheques de gerencia a favor de Martinelli.
El auto judicial precisa que el Departamento de Operaciones Estructuradas funcionaba como una unidad autónoma dentro de Odebrecht, encargada de planificar, supervisar y ejecutar el pago de sobornos en distintos países, incluido Panamá.
El juicio por el caso Odebrecht en Panamá avanza este miércoles 14 de enero con la continuación de la lectura del auto de llamamiento a juicio y la exposición detallada del esquema utilizado por la constructora brasileña para el pago de sobornos y el blanqueo de capitales.
— La Prensa Panamá (@prensacom) January 14, 2026
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Asimismo, recoge los señalamientos realizados por Aaron Mizrachi el 2 de septiembre de 2020, quien durante su declaración indagatoria indicó que Martinelli era su cuñado desde hacía 17 años, razón por la cual recibió dinero a solicitud del exmandatario por parte de Odebrecht.
También se citan las declaraciones rendidas en 2017 por André Rabello, entonces director de la filial de Odebrecht en Panamá, quien manifestó que los servicios de lobby en el país eran gestionados por la familia Martinelli y que las reuniones se realizaban en sus supermercados. A ello se suma la declaración de Mónica Moura, quien señaló que, a través de Rabello, conoció a Martinelli y negoció un contrato por 21 millones de dólares para la campaña presidencial de José Domingo Arias, así como para mejorar la imagen del gobierno de Martinelli. Moura también afirmó que en una ocasión el expresidente le entregó 500 mil dólares en efectivo cuando se quedó sin liquidez.
En cuanto al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, la vinculación surge por haber recibido presuntamente, en calidad de destinatario final y real, dineros de procedencia ilícita pagados por Odebrecht mediante un esquema estructurado y sofisticado, que incluyó el uso de sociedades como Herzone Overseas Limited, Ralfim Limited e Inversiones Joluma, así como el presunto uso de testaferros. Según la investigación, estos fondos ingresaron al sistema financiero panameño desde cuentas ubicadas en el Principado de Andorra.
Respecto a Jaime Lasso, miembro del Partido Panameñista, la causa detalla que recibió fondos provenientes de cuentas de sociedades que formaban parte de la Caja 2 de Odebrecht. Una vez recibidos, los recursos eran transferidos desde sociedades controladas por Lasso, entre ellas Poseidon Enterprises, hacia cuentas de la Fundación Don James, para posteriormente ser entregados mediante cheques al expresidente Juan Carlos Varela, bajo la justificación de aportes o donaciones a la campaña política del Partido Panameñista.
En el caso de Michelle Lasso, hija de Jaime Lasso, se estableció que su vinculación al delito de blanqueo de capitales obedece a su condición de firmante y beneficiaria de la sociedad Poseidon Enterprises, la cual actuó como receptora de transferencias de dinero provenientes de la Caja 2 de Odebrecht, canalizadas a través de sociedades como Kleinfeld Services e Innovation Services, fondos que posteriormente llegaron a la Fundación Don James y fueron utilizados en la campaña panameñista.
Finalmente, la vinculación de Aaron Mizrachi emana de su condición de firmante autorizado y beneficiario final de cuentas bancarias asociadas a la sociedad Caribbean Holding Services Ltd., las cuales recibieron transferencias por sumas considerables provenientes de sociedades ligadas a la Caja 2 de Odebrecht. Estos pagos no contabilizados eran gestionados por el Departamento de Operaciones Estructuradas y ejecutados mediante intermediarios como Olivio Rodrigues, quien controlaba una red de sociedades con cuentas en el extranjero.
También se leyeron los sobreseimiento dados a José Antonio Porta Álvarez, Alexander Castellaneta, Franco Castellaneta, Angelina Valero de Gámez, Marcos Jesús Gómez Alejandro Stanziola, Úrsula Banz Vallarino, María del Sol Rivera Vigas, Linda Gesto, Fernando Muradas, Maya Cikurel y el sobreseimiento definitivo dado a María Bagatelas Papadimitriu.
