Funcionarios del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizaron este miércoles 21 de mayo una serie de allanamientos en oficinas del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ubicadas en avenida Perú y en Veranillo, distrito de San Miguelito.
Durante el operativo en la sede de la avenida Perú, el abogado del sindicato, Antonio Vargas, exigía hablar con los fiscales mientras llegaban los agentes judiciales.
Simultáneamente, en Veranillo, unidades policiales rodeaban el edificio del sindicato, en momentos en que su secretario general, Saúl Méndez, ingresó a la embajada de Bolivia en Panamá tras saltar la cerca perimetral del recinto diplomático en la madrugada de ese mismo día, en busca de asilo político.
5:10 p.m. - Antonio Vargas, abogado de Suntracs, durante allanamiento en la sede del sindicato en avenida Perú.
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 21, 2025
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4:58 p.m. - Operativo policial en la sede del Suntracs en San Miguelito. También se reporta la presencia de los policías en la sede del sindicato en avenida Perú.
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Horas más tarde, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, informó que se han emitido órdenes de aprehensión contra varios ciudadanos panameños, en el marco de una investigación penal iniciada en 2022.
[Lea también: Fiscalía emite orden de aprehensión contra la directiva del Suntracs, incluyendo a Genaro López, por presunta estafa agravada]
El caso tiene su origen en una querella presentada por extrabajadores de un proyecto de construcción en la isla de Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, quienes estaban afiliados al Suntracs. La denuncia contempla los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato.
Al concluir la diligencia en la sede de la avenida Perú, el abogado Vargas afirmó no tener conocimiento sobre los hechos mencionados por la fiscalía. Según él, los operativos estarían relacionados con el caso que involucra a Jaime Caballero, dirigente del sindicato, quien enfrenta cargos por blanqueo de capitales y delitos financieros, y se encuentra bajo detención provisional.
Vargas calificó los allanamientos como un acto de “agresión e intimidación”. “Se han ido sin un solo papel”, expresó, añadiendo que no se llevaron ninguna prueba del lugar.
Estas acciones se producen un día después de que el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) ordenara el cierre de la cooperativa del Suntracs, luego de una auditoría iniciada en 2022 que detectó 14 hallazgos financieros sospechosos y otros 10 relacionados con fallas en los controles contra el blanqueo de capitales que, según las autoridades, no fueron atendidos.
