Cifras del Ministerio de Seguridad Pública dan cuenta de que en los primeros ocho meses de este año hubo 290 homicidios en el país, 47 casos o 19.3% menos que los reportados en igual periodo de 2021.
El ministro de Seguridad, Juan Pino, informó que las cifras corresponden hasta el pasado viernes 2 de septiembre y atribuyó el descenso en el número de casos a las operaciones realizadas por los estamentos de seguridad en diferentes regiones del país, que han “neutralizado” redes ligadas al tráfico de drogas y el crimen organizado.
Dijo que el 56% de los homicidios (163 casos) registrados este año está relacionado con el narcotráfico.
También detalló que en el mismo periodo se decomisaron 85.6 toneladas de drogas, 6 toneladas más que en igual período de 2021.
Informó que solo en la provincia de Colón –donde las bandas del crimen organizado libran una batalla por el “control” de los puertos del sector atlántico–, las autoridades han confiscado 40 toneladas de drogas en lo que va de este año.
Pino insistió en que es necesario llegar a las finanzas de estas organizaciones para neutralizar su operatividad y que para ello se requiere la aprobación de la ley de extinción de dominio, cuyo proyecto reposa en la Asamblea Nacional en espera de debate.
En entre 2021 y 2022, la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional efectuaron operaciones y desmantelaron dos organizaciones criminales que operaban en Colón, a las que detuvieron 98 presuntos miembros.
En la primera de esas operaciones (denominada Fisher), realizada el 1 de diciembre de 2021, se detuvo a 57 personas presuntamente vinculadas a una estructura criminal ligada al Clan del Golfo. En este operativo, la fiscalía se incautó de $ 10 millones que estaban ocultos en una residencia en la costa arriba de Colón. Durante la investigación, que se inició en febrero de 2020, la fiscalía logró decomisar 1.5 toneladas de drogas.
Mientras que en la operación Fuego, cuyos resultados se dieron a conocer el pasado 4 de agosto, las autoridades detuvieron a otras 41 personas presuntamente ligadas a una red criminal liderada por Eduardo Macea, alias Marshall, detenido en la cárcel de Punta Coco, a quien las autoridades atribuyen la distribución de drogas a través de puertos de Colón.
La investigación, que se inició en 2019, reveló que esta red criminal usaba poblaciones costeras como Santa Isabel, María Chiquita e isla Grande para introducir al país los alijos, que luego eran colocados en contenedores ubicados en puertos en la ciudad de Colón, con destino a Europa.
