‘No han ayudado para ubicar los ‘hardware’

Las intervenciones telefónicas en el gobierno de Ricardo Martinelli constituyen un hecho grave que afectó la intimidad y el secreto de las comunicaciones de gran número de personas, sumado a que existe riesgo de fuga y destrucción de pruebas de los acusados que están detenidos, porque la pena a imponer supera los cuatro años de prisión.

Este es el argumento central de los dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, fechados 6 de febrero, en los que se declaró legal la detención preventiva de los exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.

“Queda fundada la inferencia sobre el riesgo de obstrucción, del posible peligro de fuga y de destrucción de evidencias o pruebas, pues ha quedado claro en el expediente que solo se ha podido recuperar una parte de los archivos que contienen las grabaciones, documentación, información, etc.”, indican los fallos, bajo la ponencia del magistrado Abel Zamorano, a los que este medio tuvo acceso.

Zamorano explicó que lo más grave es que “las intervenciones procedían de servidores públicos encargados de hacer lo contrario: en vez de afectar los derechos de las personas, tenían el deber de protegerlos”.

Además, se debe tener en cuenta, según Zamorano, que no se ha dado con el paradero de los equipos ni se ha podido localizar a otros dos acusados.

Alegó que Garuz y Pérez no han cooperado para ubicar los hardware utilizados con el programa software, por lo que existe el riesgo de que se continúen dando intervenciones telefónicas en forma clandestina.

Los magistrados Harry Díaz y Luis Ramón Fábrega emitieron un salvamento de voto. Mientras que su colega José Ayú Prado se abstuvo de votar.

Un despacho adjunto a la Fiscalía Superior Especial contra el Crimen Organizado investiga este caso, en el que hay 150 víctimas, entre empresarios, políticos, periodistas, magistrados del Tribunal Electoral, de la Corte y líderes de la sociedad civil.