El banco BAC Panamá decidió incorporarse “voluntariamente” al proceso penal que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada a una red que se apropió de créditos fiscales mediante la manipulación del sistema e-TAX 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Se calcula que la red -en la que participaron funcionarios, abogados y testaferros- causó una lesión patrimonial al Estado de $40 millones. Esta cifra podría incrementarse conforme avancen las pesquisas y se descubra que hay otros contribuyentes afectados.
La mayoría de estos créditos fiscales fueron cedidos por sociedades intermediarias al BAC Panamá.
En un comunicado hecho público en la tarde de este viernes, el banco sostiene que se ha incorporado voluntariamente al proceso penal y a las investigaciones que adelanta la fiscalía, las cuales adquirieron mayor notoriedad a partir de la operación Pandora, en la que fueron aprehendidas casi 20 personas, a partir del 8 de julio de 2026.
El comunicado de BAC detalla que esta decisión tiene como propósito contribuir al esclarecimiento de los hechos y reafirmar la confianza que las empresas deben poder depositar en la información y en las certificaciones oficiales emitidas por el Estado.
Esto no implica que el banco se haya convertido en querellante, dentro de la causa penal en la que, de momento, tampoco se le menciona como acusado.
El comunicado de BAC detalla que dicha participación voluntaria le permitirá ampliar la colaboración directa que ha mantenido con las autoridades, aportar la documentación requerida para la trazabilidad de las operaciones y exponer oportunamente su actuación en la adquisición de estos créditos, cuyos pagos se realizaron después de que aparecieran oficialmente acreditados y certificados en la plataforma de la DGI.
Esto no implicaría que el banco no adquiere el tratamiento de investigado, imputado o víctima.
También le permitiría al banco protección preventiva y ejercicio temprano de la defensa, así como reconocimiento y protección de los derechos derivados del perjuicio.
Hasta ahora la investigación adelantada por la fiscalía mantiene un total de 21 personas imputadas, de las cuales tres tienen medidas cautelares de depósito domiciliario y el resto se encuentra detenidos provisionalmente hasta la conclusión de las investigaciones.
La fiscalía también advirtió que el númeto de personas investigadas por esta causa puede aumentar significativamente a partir de las diligencias que se adelantan.
También advirtió que existen empresas contribuyentes que desconocen haber sido víctimas de las operaciones de este grupo organizado. Por ello, la fiscalía revisa la documentación relacionada con la tramitación de los créditos fiscales por parte de exfuncionarios de la DGI que han sido ya imputados.
