El exdiputado del Partido panameñista Adolfo Valderrama y otras 10 personas enfrentarán el próximo 13 de mayo un juicio por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y blanqueo de capitales relacionado con el manejo de fondos asignados a federaciones deportivas del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).
Este juicio debió efectuarse en octubre pasado, pero la presentación de varios recursos legales impidió que se realizara, por lo que debió fijar una nueva fecha por parte del Tribunal de Juicio.
El escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción también solicitó el enjuiciamiento de los exdirectores de Pandeportes Roberto Arango y Mario Pérez, a quienes se les formularon cargos por la presunta comisión del delito de peculado.
En este caso la fiscalía también imputó cargos al exgerente de la Federación de Béisbol, Anibal Reluz, y al presidente de la Federación de Básquetbol, Jair Peralta.
En este proceso también figuran el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Jaime Pedro, Jorge Luis Dutary, Ana Vriginia Tejada, Beatriz Mercedez Herrera, Ulrich Raúl Ronner Araúz y César Ramsés Tejada.
La investigación se inició el 30 de octubre de 2018 a raíz de un reportaje realizado por el diario La Prensa, que daba cuenta de una serie de irregularidades en el manejo de fondos y entrega de implementos deportivos por parte de diversas federaciones y organizaciones deportivas.
Según un informe de la Contraloría, entre los años 2014- 2018 se entregaron $59.9 millones entre 133 disciplinas, fundaciones y ligas deportivas.
En julio del 2023 la defensa de Valderrama interpuso un amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal de Justicia contra la decisión de un juez de garantías de no acoger un recurso de nulidad presentado contra la investigación del Ministerio Público.
En su investigación la fiscalía practicó inspecciones a diversas federaciones deportivas y proyectos deportivos que debían realizarse con los fondos entregados a Pandeportes.
Para este juicio un tribunal de garantías admitió 135 pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre las que se encuentran 10 testigos, 22 pruebas periciales y 11 documentales.
Entre las pruebas se encuentran dos informes de auditoría que revelan la existencia de una lesión patrimonial por unos $3 millones.
