El Ministerio Público mantiene una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción relacionados con el otorgamiento de un beneficio de trabajo comunitario a favor de Katherine Carvallo, conocida como La Parce, condenada a 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales y recluida en el Centro Femenino de Resocialización Cecilia Orillac de Chiari (Cefere).
Fuentes ligadas a la investigación revelaron que Carvallo ingresó al Cefere el 4 de septiembre de 2025 y que, apenas 24 días después, el 28 de septiembre, la Junta Técnica del Sistema Penitenciario emitió un visto bueno para que optara por el reemplazo de pena mediante trabajo comunitario. Este plazo resulta inusual, ya que, en condiciones ordinarias, los privados de libertad deben esperar entre seis meses y un año para que una solicitud de este tipo sea evaluada y aprobada.
El beneficio fue posteriormente concedido por la jueza de cumplimiento Jenia Aguilar el 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, la decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Apelaciones, luego de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apelara la medida. Los magistrados consideraron que existían inconsistencias en la petición presentada por la defensa de Carvallo.
Tras estos hechos, las autoridades del Sistema Penitenciario presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, lo que dio origen a una investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, actualmente en reserva. En este contexto, se solicitó toda la documentación relacionada con el trámite adelantado ante la Junta Técnica que precedió a la decisión judicial.
Como parte de las diligencias, el 2 de octubre de 2025 se ubicó dentro del penal un teléfono celular vinculado a la sancionada, hecho que también forma parte de la investigación en curso.
Entre los requisitos para solicitar un reemplazo de pena por trabajo comunitario se encuentran que la condena no supere los cinco años de prisión, una evaluación psicológica favorable avalada por la Junta Técnica del Sistema Penitenciario, el consentimiento expreso del sancionado y una certificación de oferta laboral emitida por una entidad pública.
En la tarde de ayer, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que a raíz de estos hechos, la directora del Cefere, Yohana Ortega, fue trasladada como parte de una investigación interna.
Carvallo, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida el 29 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones, junto a su pareja sentimental Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana.
En el proceso, la fiscalía alcanzó un acuerdo con Carvallo Hidalgo, quien se comprometió a devolver bienes, cuentas bancarias y dinero por un monto aproximado de $3.3 millones. Entre los bienes incautados figuran varios apartamentos en propiedades horizontales de la capital —con valores entre $105,000 y $343,000—, incluyendo unidades en PH Central Park, PH Toneles, PH Torres Versalles, PH Torres de Castilla, PH Plaza Valencia, PH Brisas de San Fernando y PH Onix Tower.
También se decomisaron una casa de playa en Chame valorada en $366,000, una residencia en Costa del Este estimada en $1.1 millones y $119,000 en efectivo.
La investigación se originó tras un reporte de actividades sospechosas emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que detectó movimientos inusuales de grandes sumas de dinero a través de diversas sociedades y entidades bancarias.
La fiscalía estableció además que varias empresas vinculadas al grupo —Creativo Dale, Panamá ABS, Cupones.com, Purificadora y Embotelladora Acuami S.A. y La Parce S.A.— no contaban con avisos de operación, no reportaban actividad ante la Dirección General de Ingresos (DGI), ni estaban registradas en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), ni mantenían registros de empleados ante la Caja de Seguro Social (CSS).
