Cabecilla de Fisher y otros 13, culpables por red de los $10 millones

La operación Fisher desarticuló una estructura vinculada al Clan del Golfo que recibía cargamentos de droga por las costas de Colón y utilizaba empresas para movilizarlos hacia Europa y Estados Unidos. Las penas serán conocidas el 6 de octubre.

Cabecilla de Fisher y otros 13, culpables por red de los $10 millones
Una lujosa residencia fue cautelada en Costa Verde, en La Chorrera fue decomisada en la operación Fisher..

Jorge Luis General, señalado como cabecilla de una red criminal ligada al Clan del Golfo y a la que se le decomisaron más de $10 millones procedentes del narcotráfico, fue declarado culpable junto con otras 13 personas por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

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Entre las personas condenadas en esta causa también figuran su esposa, Nadia Gómez; su madre, Adelina General; su hermana, Benita General, y su cuñado, Aníbal Delgado.

El juicio, que se inició en junio de 2025, concluyó la tarde de este miércoles, cuando los jueces dieron a conocer su decisión de declarar culpables a 14 de los 16 imputados en este caso.

Fueron absueltos los agentes de la Policía Nacional Erick Santos y Fabio Cerrud, quienes solo enfrentaban cargos por el delito de asociación ilícita para delinquir.

Durante el juicio, la Fiscalía de Drogas presentó un total de 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales para sustentar su teoría del caso, así como unos 40 testigos, entre peritos y funcionarios de la Policía Nacional que participaron en los operativos de vigilancia y seguimiento.

Cabecilla de Fisher y otros 13, culpables por red de los $10 millones
Una casa de playa ubicada en Río Hato, provincia de Coclé valorada en un millón de dólares fue decomisada en la operación Fisher.

Además, fueron presentadas al menos cien transcripciones de conversaciones producto de interceptaciones telefónicas obtenidas durante más de un año de investigación.

Por su parte, los abogados defensores presentaron un total de 360 pruebas documentales, testimoniales y periciales.

La investigación que desembocó en la operación Fisher se inició en febrero de 2020 y contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Cuando se ejecutó la operación, en diciembre de 2021, las autoridades realizaron unos 50 allanamientos y aprehendieron a 57 personas, entre ellas funcionarios de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

En la operación Fisher, ejecutada en diciembre de 2021, la Fiscalía logró el decomiso de 1.5 toneladas de droga y unos $20 millones en activos, entre dinero, vehículos de lujo y propiedades.

Cabecilla de Fisher y otros 13, culpables por red de los $10 millones

Las evidencias de la Fiscalía revelaron que Jorge Luis General recibía cargamentos de droga a través de las costas de Colón y que, mediante las sociedades Magna Pesca y Yogimor, S.A., lograba movilizar los estupefacientes hacia contenedores con destino a Europa y Estados Unidos.

La red criminal utilizaba residencias en la comunidad de Nueva Providencia, Colón, colindantes con el mar, como centros de recepción de droga y dinero.

Durante los allanamientos de 2021, las autoridades localizaron específicamente $10.09 millones en efectivo ocultos en caletos construidos en una residencia de Nueva Providencia.

Cabecilla de Fisher y otros 13, culpables por red de los $10 millones
En la operación Fisher se decomisaron $10 millones en efectivo dentro de una residencia en Colón.

Las investigaciones también revelaron que el grupo contaba con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para ubicar con precisión los cargamentos. Además, sus integrantes cambiaban frecuentemente los chips de sus teléfonos y utilizaban sistemas de encriptación para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas.

La lectura de la sentencia, en la que se conocerán las penas de prisión que serán impuestas, está prevista para el próximo 6 de octubre.

Antes del juicio, un grupo de 28 imputados alcanzó acuerdos de pena, algunos con sanciones superiores a 90 meses de prisión.

Los abogados defensores analizan la presentación de recursos de nulidad contra el juicio, debido a que durante las sesiones, iniciadas en 2025, no se reprodujeron los audios interceptados por la Fiscalía, aunque sus transcripciones sí fueron analizadas por el tribunal.


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