El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, aseguró que el Sistema Penal Acusatorio (SPA) ha empezado a tener un “taponamiento”, ya que algunos procesos no se mueven con la celeridad necesaria y hay dilación en el manejo de las causas.
Durante su comparecencia a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el pasado jueves 7 de septiembre, Caraballo explicó que hay juicios programados hasta un año después de la ocurrencia de los hechos y no de unos meses, como se esperaba con la implementación del SPA.
El funcionario reconoció que el SPA significó un gran adelanto en materia de administración de justicia, pero que tiene “rendijas” que es necesario cerrar para que los procesos fluyan más rápido.
Por ejemplo, citó que en el último año los fiscales del Ministerio Público han comparecido a más de ocho mil audiencias de control para realizar trámites tan sencillos como la autorización para tener acceso a un teléfono celular incautado en alguna operación.
Alegó que ese exceso de audiencias resta agilidad a los procesos y que se han adoptado patrones del sistema inquisitivo. No precisó, sin embargo, si propondrá alguna reforma a la Ley 53 de 2015 que permitió el cambio gradual del sistema inquisitivo mixto al SPA.
Ante el rezago judicial, el pleno de la Corte Suprema Justicia dispuso en julio del 2022 poner en marcha un plan de contingencia, a fin de acortar los calendarios de los juicios orales, ya que existen algunos pautados para mediados del año 2024.
Para ello, se habilitaron seis salas de audiencia en las nuevas instalaciones ubicadas en el edificio 727, en Balboa, Ancón, en donde se realizaron entre 15 y 17 juicios orales por semana, incluyendo los días sábados en horario regular. Según el Órgano Judicial, este fenómeno es producto de la alta litigiosidad en todo el país.
El pasado 2 de septiembre se cumplieron 12 años de la implementación del SPA en Panamá, en ese lapso se han realizado 758 mil 398 audiencias, en las que se incluyen juicios y audiencias de garantías, de cumplimiento, de control y de violación de derechos humanos.
