El Consejo de Administración de la Carrera Judicial del Órgano Judicial aprobó el calendario de actividades para la evaluación de jueces y magistrados en todos los niveles y jurisdicciones para el período 2022-2023.
Este es uno de los pasos medulares establecidos en la Ley 53 de 2015 que creó tres carreras: la judicial, la de la defensa pública y la administrativa judicial.
El pasado 22 de marzo del 2022, mediante el acuerdo 04.CACJ-2022, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, que preside el magistrado Abel Augusto Zamorano, anunció el inicio de este proceso que busca garantizar “igualdad de oportunidades para todos los evaluados y la debida publicidad y transparencia”.
El proceso, que tomará un año, se divide en 12 etapas que arrancan el 1 de julio próximo y concluyen con la evaluación final, la consolidación y comunicación de los resultados, entre los meses de julio y agosto de 2023.
El reglamento establece una valoración o puntaje para cada una de estas áreas y dispone que cuando este personal sea evaluado y no logre un puntaje igual o superior al 70%, esto constituirá un impedimento temporal para su traslado y ascenso. Si la persona no logra superar la evaluación en el siguiente período consecutivo, perderá su condición de servidor judicial de la carrera judicial.
Para evaluar el desempeño de los servidores judiciales se valorarán aspectos como la productividad (45%), las competencias (25%), las buenas prácticas judiciales o administrativas (10%), el cumplimiento de las normas éticas y la disciplina (10%), el clima laboral (5%) y la calidad del servicio al usuario (5%).
Consejo de Administración de la Carrera Judicial
Según el artículo 100 de la Ley 53 del 27 de agosto de 2005, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial tiene la función de administrar esta carrera “procurando condiciones de acceso a aspirantes calificados a través de procedimientos transparentes y objetivos que generen personal idóneo, competente y honesto y garantice el respeto, decoro e independencia de la función judicial”.
El pasado 4 de marzo la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, presidió el acto de toma de posesión de los funcionarios que tendrán a su cargo la valoración de competencias de los servidores judiciales para la evaluación del desempeño, como parte de la implementación de la Ley 53.
Se trata de los técnicos Ambar Tuñón Tejeira, Mary Carmen Valdés Herrera, Yolanda Mazzo Lozano, Catina Gálvez Ledezma, Rosmery Martínez Núñez, Juana Quezada de Mollick y César Escobar Vásquez.
Este equipo tendrá a su cargo la certificación permanente de las competencias requeridas para el desempeño de los distintos puestos de trabajo de la institución. Además, guiarán los procesos de selección, formación y sustanciación de los procedimiento de certificación y recertificación de los aspirantes e integrantes del Órgano Judicial.
El pasado 11 de enero el Ministerio de Economía y Finanzas asignó la suma de $15 millones al Órgano Judicial para la implementación de la carrera judicial, fondos que estarán destinados al proceso de selección y evaluación de personal, el soporte tecnológico y creación de nuevos despachos judiciales.
La ley que crea la carrera judicial fue aprobada en 2005, pero a la fecha el Órgano Judicial no ha logrado su implementación y la mayoría de los jueces y magistrados están nombrados de manera interina en sus cargos.
La mora judicial sigue siendo un desafío para la administración de justicia. Al cierre de 2019 había en trámite 93 mil 592 expedientes. Un año más tarde, en 2020, la cifra era de 73 mil y en 2021 llegaba a más de 66 mil.
