A pesar de que la Ley 53 de 2015, que creó la Ley de Carrera Judicial, fue establecida hace 10 años, su implementación aún sigue en marcha. Esto se debe, en parte, a la falta de recursos y a la ausencia de mecanismos claros para el nombramiento de magistrados y jueces, lo que ha ocasionado varios retrasos.
Solo el pasado 24 de septiembre, Alianza Ciudadana Pro Justicia decidió no participar en la quinta fase del proceso de selección de los aspirantes a magistrados y jueces. Esto ocurrió después de que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial no respondiera dos notas aclaratorias sobre el método de calificación utilizado en la cuarta fase de dicho proceso, el cual permitió que algunos aspirantes que no alcanzaron los promedios previamente establecidos para superarla fueran incluidos en la siguiente fase.
Dos días después, de manera excepcional, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial designó a los miembros del Colegio Nacional de Abogados, Antonio Rodríguez y Rubén Elías Rodríguez, como representantes de la sociedad civil para participar en la quinta fase del concurso para el nombramiento de jueces y magistrados en distintas jurisdicciones a nivel nacional, luego de que representantes de Alianza Ciudadana Pro Justicia decidieran no participar por falta de transparencia.
Previamente, en 2016, la Alianza Ciudadana Pro Justicia denunció 600 nombramientos de personal en los juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA), alegando que se ignoraba la Ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial. En esa ocasión, se presentó una denuncia ante la Asamblea Nacional contra el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, pero la denuncia fue archivada por falta de méritos.
Magaly Castillo, miembro de la Alianza, sostiene que el proceso de implementación de la Carrera Judicial se ha dilatado en el tiempo debido a la resistencia de algunos magistrados de la Corte, quienes se opusieron abiertamente a su implementación. Según Castillo, la principal resistencia proviene de magistrados que preferían mantener el sistema de nombramientos “discrecionales” que existía antes de la reforma al Código Penal, que introdujo esta figura.
Castillo recalca que el riesgo de manipulación persiste, como lo evidenció la exclusión de la Alianza de los órganos de supervisión encargados de la selección de jueces y magistrados, lo que permitió evadir cuestionamientos legítimos sobre el proceso de evaluación.
La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino se mostró decepcionado por la forma de operar de los magistrados y jueces de garantías del Sistema Penal Acusatorio. Mulino calificó como una “burla” el manejo de casos de alto perfil, que involucran millones de dólares, en los que los jueces de garantías conceden medidas cautelares como la notificación periódica a los procesados, quienes luego quedan en libertad.
El mandatario aseguró haber expresado esta inquietud a la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, y al procurador Luis Gómez, respecto al manejo de ciertos casos, en los que parece que los jueces de garantías no responden a una supervisión.
En cuanto a la Carrera Judicial, el presidente del Consejo de Administración, magistrado Abel Zamorano, explicó que más del 60% de los miembros de la judicatura forman parte de la Carrera Judicial, y que su objetivo es llegar al 85% en los próximos meses. Además, Zamorano hizo un llamado de atención a los jueces y magistrados sobre la importancia del factor productividad, ya que, según él, algunos jueces se han puesto metas “blandas”, sin la finalidad de combatir el rezago judicial.
Actualmente, el Consejo trabaja en un proceso de evaluación del desempeño de jueces y magistrados, quienes deben rendir cuentas ante las unidades nominadoras para garantizar el cumplimiento de metas y normas éticas de conducta.
La evaluación del desempeño de jueces y magistrados está compuesta por seis factores clave: productividad, competencias, atención al usuario, manual de buenas prácticas laborales, cumplimiento de normas éticas y disciplinarias, y clima laboral. Todos estos factores deben ser cumplidos por aquellos jueces y magistrados que aspiren a ingresar a la Carrera Judicial.
En julio de 2022, el Órgano Judicial implementó el proceso de evaluación de jueces y magistrados aprobado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Este proceso es uno de los pilares fundamentales de la Ley 53 de 2015, que estableció tres carreras: judicial, defensa pública y administrativa judicial.
Actualmente, también se trabaja en el nombramiento de 102 jueces del Sistema Penal Acusatorio (SPA), entre los que se incluyen jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento.
El presupuesto
Los primeros fondos para la implementación de la Carrera Judicial fueron otorgados en 2016, con la asignación de $1.5 millones a través de un traslado de partida, que permitió la instalación de la Secretaría de Recursos Humanos. Entre 2017 y 2018, el Órgano Judicial tenía previsto invertir alrededor de $12 millones en la implementación de la Carrera Judicial, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicó recortes a ese monto, lo que provocó una pausa en la gestión de esta iniciativa.
En 2019, el presupuesto del Órgano Judicial (OJ) no incluyó fondos para la Carrera Judicial, debido a los recortes y la contención del gasto ordenados por el gobierno central.
En 2020, la Carrera Judicial tampoco recibió asignación de fondos debido a los recortes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que provocó retrasos en su implementación.
En 2022, el Órgano Judicial recibió un traslado de partida por la suma de $15 millones, que fueron utilizados para la contratación de personal y el reforzamiento de las unidades ya creadas.
Para 2026, el Órgano Judicial solicitó un presupuesto de $395 millones, pero el MEF aplicó un recorte de $44 millones.
La magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, advirtió que el recorte presupuestario afectará principalmente a 486 plazas de trabajo, además de la creación de tres despachos de magistrados y 20 dependencias judiciales necesarias para la implementación del nuevo modelo procesal civil, que entrará en vigor el próximo 13 de octubre.
También señaló que se verán afectados los fondos destinados a inversiones en edificios y locales, así como los servicios comerciales, mantenimiento y reparación de equipos de computación.
