Por los sobornos en el denominado caso Blue Apple, hay ocho personas condenadas a prisión desde el 13 de noviembre de 2023.
¿Por qué todavía no hay nadie encarcelado?
La respuesta está en la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Penal todavía no ha adoptado una decisión respecto al recurso de casación presentado por varios condenados por blanqueo de capitales dentro de esta causa. Las partes fueron notificadas de la admisión de este recurso el 30 de diciembre de 2025.
Hasta que este recurso no se defina, la sentencia condenatoria dictada en 2023 por la juez penal Baloisa Marquínez (confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en abril de 2024) no está en firme.
La ponente es Otilia Vergara de Valderrama, suplente de la magistrada Maribel Cornejo, quien está impedida para atender este recurso, dado que ella fue designada fiscal en el proceso que, por el caso Blue Apple, se sigue en la Corte a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) y diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen). La magistrada María Eugenia López Arias funge como jueza de garantías, pese a los intentos fallidos de los Martinelli Linares por recusarla y así apartarla del caso.
La lista
En la lista de los ocho imputados que fueron condenados por la juez Marquínez hay dos exministros de Obras Públicas: Federico José Suárez y Jaime Ford, sentenciados a 168 y 80 meses de prisión, respectivamente. Como parte de la condena, Suárez deberá pagar una multa de 27.4 millones de dólares y Ford, de $11.4 millones.
Por otro lado, el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini, fue sentenciado a 60 meses de prisión y al pago de una multa de $470,000.
También se condenó a Octavio Samaniego Castillo, George Moreno Pérez Venero y Alcides Bernal Zambrano a 152, 80 y 60 meses de prisión, respectivamente. Por el delito de corrupción de servidores públicos, Juan Daniel Girón y César Jaramillo Gutiérrez afrontan 64 y 72 meses de prisión, respectivamente.
Marquínez también absolvió a 10 personas: Melina Cano Achurra, Valentín Martínez Vásquez, Luis Alberto Arias, Jaime Martín De La Espriella, Luis Antonio Donadío Santamaría, Mary Su Gutiérrez, Maribel Oberto, Marcelino Martínez, Silvia Rojas y Manuel Ruiz Gil.
Previamente, el 10 de marzo de 2023, la juez había dictado condena de 120 meses de prisión a Adolfo “Chichi” De Obarrio, exsecretario personal de Martinelli Berrocal durante su mandato presidencial. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales el 30 de abril de 2025. Como pena accesoria, debería pagar una multa de $5 millones.
De Obarrio nunca ha comparecido personalmente. Se cree permanece en Italia, país que no aplica el tratado de extradición pactado con Panamá, porque la Asamblea Nacional (AN) todavía no lo ha ratificado.
Quien sí ingresó a prisión para cumplir la condena impuesta fue el exadministrador de Contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Ruiz. Hace un año, un juez de cumplimiento rechazó su petición de libertad vigilada, por lo que le tocó permanecer en el centro penitenciario El Renacer, donde ingresó para cumplir su condena de 72 meses de prisión.
Marquínez también ordenó el comiso de una villa en el PH Bristol Buenaventura, por el valor de $235,000; un apartamento en el PH Wind Rose en Coco del Mar, corregimiento de San Francisco (no se precisa su valor); un terreno ubicado en Mariato, por $63,000; una cuenta de ahorro en el Banco General por $19,988.17 y los intereses devengados; otra cuenta de ahorro en Multibank por $124.24 y una cuenta bancaria en Credomatic por $22,313.13 a nombre de Octavio Samaniego.
El monto recuperado
Cuando se emitió el fallo en 2023, el Ministerio Público informó que, hasta esa fecha, había logrado recuperar para el Estado la suma de $81.1 millones, monto que incluye $8.9 millones depositados en cuentas bancarias en Suiza y los dineros devueltos por los contratistas que confesaron haber entregado coimas a funcionarios de la administración Martinelli.
Carlos Cerdas, de Constructora Meco; Alberto Jurado, de Bagatrac; Juan Alexis Rodríguez, de Constructora Rodsa, y Eduardo Di Bello, de Ingeniería REC, confesaron en la Fiscalía Anticorrupción que hicieron pagos a través de una sociedad canasta denominada Blue Apple Services, Inc., que correspondían a un porcentaje que oscilaba entre el 5% y el 10% del valor bruto de sus contratos con el MOP, en concepto de “ayuda política”.
