Cuatro acuerdos de pena, con sanciones de 60 meses de prisión para igual número de imputados, fueron validados por un juez en el proceso seguido a cinco personas implicadas en el escándalo por el manejo irregular de fondos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), que administraba un albergue en el área de Tocumen.
En un juicio que se desarrolla en el edificio 725 del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Ancón, el tribunal validó los acuerdos de pena de 60 meses de prisión para excolaboradores de Funchipa, quienes estaban a cargo del manejo de los fondos entregados por el Mides para la dotación de recursos destinados a la asistencia de menores de edad en situación de riesgo.
Entre los imputados que alcanzaron acuerdos de pena se encuentran Xenia Moreno e Ilka Moreno. También fueron sancionados con 60 meses de prisión Diosmar Porras y Óscar Sánchez.
El único de los procesados por este caso que rehusó un acuerdo de pena es Alan Moreno, quien se mantiene en la sala de audiencias.
Hoy, la fiscalía tomó declaración a varios testigos citados al juicio, entre ellos dos trabajadoras sociales y funcionarios.
Por este caso también se habían imputado cargos a la exdirectora del albergue, Xenia Medina, pero en su caso se declaró extinguida la acción penal tras su fallecimiento.
Dos de las excolaboradoras de Funchipa aceptaron devolver la suma de 9 mil dólares cada una, lo que fue tomado en cuenta por el juez al momento de validar los acuerdos de pena.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los imputados una lesión patrimonial por un monto de 111 mil 310 dólares, revelada tras una auditoría de la Contraloría General de la República.
La investigación se inició el 29 de julio de 2019, tras una denuncia presentada por el Mides, en la que se detectaron anomalías en el manejo de fondos y en la asignación de vehículos en el albergue.
El caso se basa en una auditoría del Mides, que denunció los hechos en 2020. Dicha auditoría detectó que entre abril y noviembre de 2019 hubo gastos no presupuestados y no autorizados por la entidad.
El albergue también fue objeto de un escándalo por maltratos y abusos a menores que se encontraban bajo su custodia. Varios de sus excolaboradores fueron imputados por la comisión de delitos de maltrato al menor.
En agosto de 2020, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) presentó un informe ante la Asamblea Nacional sobre hallazgos de maltrato y situaciones irregulares en perjuicio de menores bajo la responsabilidad de ese albergue.
El Centro Integral Chilibre Panamá quedó bajo la administración de la Senniaf, luego de que informes elaborados por sus funcionarios revelaran que niños con discapacidad fueron esposados, que había niñas con enfermedades venéreas y que el centro se manejaba de forma discrecional.
Las investigaciones también se extendieron a otros albergues a nivel nacional, donde se reportaron malos tratos, abandono y falta de supervisión en el trámite de expedientes de niños y niñas que permanecieron por años en el sistema.
Esto obligó a una revisión de las normativas que regulan los albergues y a establecer una mayor supervisión por parte de las autoridades.
