Las investigaciones a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, en torno a las presuntas irregularidades en el manejo de fondos de juntas comunales entre los años 2009 y 2014, llevan cerca de nueve meses paralizadas.
Esto se debe a que se encuentran en espera que el Segundo Tribunal de Justicia resuelva una apelación presentada por la defensa legal de uno de los investigados, tras la decisión del Juzgado Quinto de lo Penal que decretó el caso como causa compleja.
El fallo apelado fue dictado por el juez quinto penal, Enrique Paniza, el 27 de febrero de 2019, quien además de declarar causa compleja, le otorgó a la fiscalía un año para que desarrolle las pesquisas del caso.
Paniza indicó que la petición de la fiscalía “cumple con los requisitos establecidos de acuerdo con la Ley No. 121 de 31 de diciembre de 2013. Además, se aplique el procedimiento de tramitación compleja”.
El fiscal anticorrupción que instruye el expediente, Adecio Mojica, ya ordenó la indagatoria de 18 personas, presuntamente vinculadas con irregularidades en transferencias efectuadas a juntas comunales de fondos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas a diputados.
