Este martes 2 de septiembre se celebró el segundo día de audiencia contra 14 ciudadanos y una persona jurídica, imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado, en la ejecución de varios contratos adjudicados a la empresa española FCC, entre los años 2009 y 2014.
La juez Águeda Rentería escuchó los alegatos de los procesados, entre ellos el del equipo defensor de Federico José Pepe Suárez, exministro de Obras Públicas.
Rosendo Miranda, uno de sus abogados, solicitó el archivo del expediente y el sobreseimiento definitivo, al alegar que en las obras no hubo sobreprecios.
Ese mismo planteamiento se repitió en buena parte de las intervenciones de otros defensores. Este miércoles 3 de septiembre se escucharán los razonamientos jurídicos de ocho abogados más.
Además de Suárez, figuran como investigados el abogado Mauricio Cort y el exdirector de Proyectos Especiales del MOP, Jorge Churro Ruiz, junto con Julio Casla, Eugenio Del Barrio y Avelino Acero, antiguos ejecutivos de FCC.
También están implicados Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión evaluadora que revisó propuestas de varias empresas y favoreció la adjudicación de contratos a FCC. La lista de procesados la completan Marcelo De La Rosa, Crecencio Pomares y Sergio Fernando Del Sour.
Juez no admitió recursos
Previo al inicio de la audiencia, programada del 1 al 5 de septiembre de 2025, la juez Rentería no admitió cuatro incidentes de prescripción de la acción penal por peculado, presentados por las defensas.
En cuanto al delito de corrupción de servidores públicos, declaró prescrita la acción penal respecto a dos de los imputados.
El lunes pasado, la fiscal Ruth Morcillo solicitó el llamamiento a juicio de 14 de los 15 imputados, entre ellos las sociedades Fomento de Construcciones y Contratas, y FCC Construcción. También pidió un sobreseimiento provisional para Crecencio Pomares, al ser mencionado únicamente en uno de los proyectos.
Entre 2009 y 2014, durante la administración de Ricardo Martinelli, el MOP adjudicó a FCC varios contratos: la construcción de los corredores de Vía Brasil (tramos I y II), la remodelación de la vía Domingo Díaz y el proyecto de rehabilitación del Casco Antiguo. Una auditoría de la Contraloría General detectó sobrecostos en esas obras y remitió la información al Ministerio Público.
En la investigación, los excolaboradores Casla y Del Barrio declararon que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con Suárez, entonces ministro del MOP. Según sus testimonios, Suárez planteó que para que el Estado pagara deudas de proyectos previos al quinquenio 2009-2014, FCC debía entregar una “comisión” del 10%, porcentaje que también se aplicaría a futuros contratos.
Actualmente, Suárez tiene una condena de 168 meses de prisión y debe pagar una multa de $27.4 millones, tras ser hallado responsable de delitos contra la seguridad colectiva —concretamente, asociación ilícita agravada para cometer blanqueo de capitales— en el caso conocido como Blue Apple.
