La jueza de garantías Yazmín Jaén imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado doloso al exdirector regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá Este.
La misma imputación fue aplicada a un comerciante, por el presunto manejo irregular de $145 mil de fondos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
Durante una audiencia celebrada este viernes en las oficinas judiciales de Plaza Ágora, la jueza Jaén también dictó arresto domiciliario al exfuncionario del Ifarhu. Además, le impuso impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a las dependencias de la entidad.
Al empresario, en tanto, se le aplicó la medida cautelar de notificación periódica los lunes y jueves de cada semana. También se le ordenó la entrega del pasaporte y la prohibición de mantener contacto con funcionarios del Ifarhu.
No obstante, la Fiscalía Anticorrupción apeló las medidas cautelares impuestas a ambos procesados, al considerar que los delitos atribuidos son graves y que los dos habrían tenido una participación activa en el hecho investigado.
Como parte de las pesquisas, los investigadores ubicaron una multiplicidad de cheques que presuntamente fueron endosados a terceras personas que no eran estudiantes y hechos efectivos en comercios del área este de la ciudad de Panamá.
La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu y la entrega de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se reflejaban irregularidades en la tramitación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social correspondientes a programas de becas del Ifarhu y del PASE-U manejados en la sede regional de Panamá Este.
En la investigación, la fiscalía logró establecer que, aunque algunos estudiantes ya habían culminado sus carreras, se continuaban emitiendo cheques a su nombre que luego eran cobrados por terceros.
De acuerdo con las pesquisas, los cheques eran endosados a nombre de comerciantes propietarios de establecimientos y no de los beneficiarios de las becas.
Antecedentes
En febrero de 2025, la fiscalía logró la condena de cinco personas a penas de 48 y 60 meses de prisión por su participación en la creación de perfiles y el cambio de número PIN de beneficiarios del PASE-U. Posteriormente, esos fondos eran canjeados de manera ilícita en comercios locales.
En ese caso, el Ministerio Público estableció la existencia de un patrón para vulnerar el PIN de seguridad al que está sujeta la transferencia digital, lo que permitió el uso indebido de fondos asignados por el Ifarhu a estudiantes para compras en comercios y minisúpers.
Más adelante, en abril de ese mismo año, se logró la imputación de otras 16 personas, también presuntamente vinculadas a un esquema para la sustracción de fondos entregados por el Ifarhu a través del PASE-U.
El Ministerio Público explicó entonces que una de las funcionarias bajo investigación pudo haber alterado hasta 7 mil PINes del PASE-U, cuyos fondos habrían sido desviados a terceros. terceros.
