El esquema de corrupción ideado por la constructora Odebrecht era un “traje a la medida con el que la empresa decidía a quién le pagaba, cómo pagaba y en qué banco se depositaban los fondos a funcionarios para tener acceso al poder” en Panamá.
Así lo afirmó ayer martes 20 de septiembre de 2022, el fiscal anticorrupción Mahmad Daud Hasan, en el segundo día de alegatos del caso, jornada en la que el Ministerio Público hizo un análisis del dinero entregado a la campaña política del Partido Panameñista, parte del cual llegó al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
En la audiencia, Hasan relató un episodio que buena parte de la opinión pública ya conoce: el médico Jaime Lasso, miembro del Partido Panameñista, admitió haber recibido fondos de Odebrecht a través de la sociedad Poseidon Enterprises, dinero que fue entregado a una persona con el seudónimo de Cachaza (que corresponde al expresidente Varela).
En su relato, Hasan detalló, por ejemplo, que esta sociedad recibió transferencias por montos de $200 mil y $ 600 mil en el Meinl Bank en Antigua, y que se trató de pagos que se realizaron entre 2009 y 2012. Detalló que Lasso y su hija Michelle Lasso, admitieron haber recibido el dinero como “donación” de Odebrecht a la campaña de Varela. Por esta razón, Hasan pidió juicio para Varela y los Lasso.
El fiscal también pidió enjuiciar al exdiputado panameñista Jorge Alberto Rosas, así como a los miembros de la firma de abogados Rosas & Rosas, Juan Carlos Rosas y Rosa Mari Molino, a quienes la fiscalía atribuye haber recibido dinero en efectivo para que Odebrecht pagara sus planillas.
Según la fiscalía, la firma de abogados habría recibido fondos ilícitos de las sociedades Corporación Internacional del Sur e Innovation Group, ambas ligadas a la empresa brasileña.
También se solicitó el llamamiento a juicio para Juan Antonio Niño, quien según la fiscalía, a través de la sociedad Active Capital Holding, empresa de reaseguros, recibió transferencias de Sherkson y otras sociedades off shore constituidas por Odebrecht.
El dinero presuntamente procedía de proyectos como la cinta costera y de la carretera Santiago-Viguí.
Los testaferros
Más temprano, las fiscales Jenisbeth Malek y Thalia Palacios hicieron un recuento pormenorizado de las actividades de algunas personas que actuaron como testaferros en el esquema de pago de coimas de Odebrecht. En esa trama salieron a relucir nombres como Mauricio Cort, quien habría recibido fondos en la Banca Privada de Andorra para el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y Riccardo Francolini.
La fiscal Malek detalló la participación de Roberto Brin Azcárraga, Andrés Mozes Libedinsky, Jorge Espino y José Luis Saiz Villanueva, quienes en acuerdos de colaboración con la fiscalía, aceptaron haber participado en la creación de sociedades para recibir fondos de la caja dos de Odebrecht.
La fiscal Malek, de paso, mencionó a otro grupo de personas, también señaladas de actuar como testaferros, entre ellos a Luz Elena Souza, Paulo César De Miranda y Barry Williams, quienes recibieron transferencias de Odebrecht.
En el caso de Liz Elena Sousa, esta nunca se apersonó al proceso, por lo que se emitió un alerta roja a través de Interpol para localizarla, mientras que Paulo César De Miranda tampoco compareció a rendir indagatoria. Para todos ellos, la fiscalía pidió juicio.
Otros beneficiarios
La fiscal Thalia Palacios solicitó abrir causa criminal para Angelina Valero de Gámez y Marco De Jesús Gámez, a quienes acusó de haber recibido dinero de la Constructora Internacional del Sur, procedente del pago de sobornos.
Palacios detalló que los Gámez recibieron transferencias de sociedades controladas por Odebrecht a través de Intercor Logistic Corp.
Así mismo, pidió juicio para Gonzalo Monteverde y María Carmona, quienes fueron beneficiados con transferencias por $3.2 millones, a través de sociedades controladas por Odebrecht.
Palacios también solicitó llamamiento a juicio para Alexander y Franco Castellaneta, ligados a la sociedad Select Engineering, que recibió dinero a través de Innovation Research Engineering & Development, empresas de la caja dos de Odebrecht.
Igualmente, se solicitó llamar a juicio a Maya Cikurel Spiller, vinculada con la sociedad Arcadex Corp., utilizada para transferir dinero de Miltzar Overseas, S.A., esta última usada -a su vez- por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para mover fondos.
Los fiscales anticorrupción también solicitaron enjuiciar al exministro de la Presidencia, Demetrio Papamitriu (2009-2012), y su madre María Bagatelas de Papadimitriu, por presuntamente haber recibido $4 millones de la banca privada de Andorra que, según la fiscalía, procedían de sobornos para tener acceso a altos funcionarios gubernamentales.
Igual ocurrió con otra imputada, la exdirectora del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), Dana Harrick. Harrick, quien está prófuga de la justicia, habría creado sociedades en las que recibió al menos $3 millones de Aeon Group a través de la cuenta de Ralford Limited, como consta en la investigación.
El sexto día de audiencia culminó a las 5:27 p.m de este martes.
Para hoy miércoles 21 de septiembre, se tiene previsto que la fiscalía continúe con la presentación de la vinculación individual de cada uno de los 49 investigados en este caso.
