Tras casi cuatro años desde la remisión de su vista fiscal, la investigación del caso Odebrecht ha enfrentado cientos de recursos y maniobras legales que han frenado el proceso y retardado el inicio del juicio.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, la fiscalía respondió al menos unos 50 recursos de habeas corpus y otros 200 incidentes de distinta índole, orientados a la nulidad del proceso, la exclusión de pruebas y la separación de imputados del expediente.
Desde 2017, la entonces procuradora general Kenia Porcell instó a la Corte Suprema de Justicia a resolver la multiplicidad de habeas corpus y amparos de garantías constitucionales que se encontraban en trámite y que dilataban el avance de las investigaciones. La denuncia original fue presentada en 2015 por Alvin Weeden (q.e.p.d.).
En ese momento, Porcell señaló que el Ministerio Público estaba “jugando su rol contra la corrupción; sin embargo, otras entidades tenían que desempeñar su papel… tenemos que evaluarnos todos como país en la lucha contra la corrupción”.
Habeas corpus y amparos
El expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, investigados en este caso, promovieron diversos recursos, entre ellos varios amparos de garantías constitucionales contra la decisión de la fiscalía de formularles cargos.
Los hermanos Martinelli Linares admitieron ante un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, haber conspirado para lavar $28 millones procedentes de la constructora brasileña Odebrecht. Tras ser detenidos y acusados, reconocieron haber creado cuentas bancarias y compañías ficticias para recibir sobornos durante el mandato de su padre en Panamá (2009-2014).
Ambos figuraban inicialmente en el auto de llamamiento a juicio emitido el 7 de noviembre de 2022. Sin embargo, tras ser electos como miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en los comicios de 2024, sus casos pasaron a la Corte Suprema de Justicia, debido a la prerrogativa constitucional que establece que los diputados deben ser juzgados por ese tribunal.
El expresidente Juan Carlos Varela, quien también figura en el auto de llamamiento a juicio, tampoco estará presente en la audiencia que inicia el próximo lunes, ya que igualmente fue electo como miembro del Parlacen y su caso se encuentra bajo conocimiento de la Corte. A Varela se le acusa de haber utilizado fondos de Odebrecht para su campaña política, aunque él y sus abogados sostienen que los cargos son infundados.
La Corte Suprema mantiene además en trámite la apelación de un amparo de garantías fallado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que excluyó del proceso a Aaron Mizrachi Malca.
La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo apeló la decisión emitida el 16 de septiembre, mediante la cual se concedió el amparo y se separó a Mizrachi del juicio.
Los magistrados del Primer Tribunal Superior, Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, admitieron la apelación y remitieron el caso al Pleno de la Corte Suprema, que deberá decidir si mantiene o revoca el fallo. En su decisión, los magistrados señalaron que la Fiscalía Especial Anticorrupción incurrió en una “ausencia de especificación sobre modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi, lo que encuadra en la causal de nulidad prevista en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial.
El pasado 5 de enero, el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu presentó un amparo de garantías contra la decisión de la jueza Baloisa Marquínez de llamarlo a juicio. Alegó violación del principio de doble juzgamiento, al sostener que los hechos que se le atribuyen ya fueron investigados por el Ministerio Público en una denuncia presentada por el abogado Sidney Sitton, en la que se dictó un sobreseimiento definitivo.
Papadimitriu argumenta que ello vulnera el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo delito..
Otro amparo fue presentado por el abogado Jaime Lasso, quien administró los fondos de la campaña del expresidente Varela. El 13 de noviembre de 2025, la Corte Suprema no admitió el recurso, en el que Lasso también alegaba doble juzgamiento, señalando que el Ministerio Público ya había investigado y archivado el caso de las donaciones al Partido Panameñista.
Suspensiones y ausencia de asistencias judiciales
La primera fecha de juicio del caso Odebrecht fue fijada para el 1 de agosto de 2023, pero no se concretó debido a que el tribunal no había concluido la valoración de las pruebas.
Posteriormente, se señaló una segunda fecha para el 27 de septiembre de 2023, que tampoco se realizó por la misma razón: la valoración probatoria seguía inconclusa.
Más adelante, el juicio fue programado para el 15 de julio de 2024, con una fecha alterna el 16 de septiembre del mismo año, pero ninguna de las dos pudo llevarse a cabo debido a la ausencia de diversas asistencias judiciales, entre ellas la notificación de dos imputados en Perú, Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, quienes hasta ese momento permanecían prófugos.
Luego, el tribunal fijó el inicio del juicio para el 12 de noviembre de 2024, pero nuevamente fue suspendido, esta vez por la falta de pruebas testimoniales solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, consistentes en la declaración de ocho testigos colaboradores que aún no han podido ser interrogados por la defensa.
Posteriormente, el 20 de enero de 2025, el juicio volvió a suspenderse debido a la ausencia de asistencias judiciales internacionales, específicamente provenientes de Brasil y México.
Finalmente, el 7 de noviembre de 2025, el Órgano Judicial suspendió nuevamente la audiencia, lo que constituyó el sexto aplazamiento del juicio, al no haberse logrado completar las diligencias necesarias para garantizar la comparecencia y notificación de todos los imputados.
