A 10 años de iniciadas las investigaciones en el caso Odebrecht, el Ministerio Público presentará unas 160 pruebas, más de 60 testigos y 12 asistencias judiciales para sustentar la acusación por blanqueo de capitales a través de sociedades fantasmas, en un juicio que arranca hoy y que ya se ha suspendido en seis ocasiones.
El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, considera -sin embargo- que no existe riesgo de prescripción, debido a la naturaleza de los delitos investigados y a las múltiples actuaciones procesales realizadas a lo largo del proceso, las cuales han interrumpido de manera continua los plazos legales. Por esta razón, sostuvo que el caso se encuentra plenamente vigente y en condiciones de avanzar a juicio.
El expediente consta actualmente de 2,973 tomos, lo que refleja la magnitud del proceso, la pluralidad de imputados y la complejidad de las diligencias desarrolladas durante la última década.
Consultado por La Prensa, Gómez estimó que el caso Odebrecht no es un hecho aislado, sino una muestra de los niveles más altos de corrupción que han operado en el país, caracterizados por esquemas transnacionales, uso de estructuras societarias ficticias y mecanismos propios de la delincuencia organizada.
Reveló que en este caso se tramitaron 146 asistencias judiciales internacionales, lo que demuestra la necesidad de acopiar información proveniente de otras jurisdicciones y, por ende, la urgencia de adecuar las normas legales para facilitar ese acopio, eliminando formalidades que hoy dificultan la obtención de pruebas.
El procurador explicó que una de las principales limitantes en este tipo de investigaciones es la legislación bancaria especial, que establece un plazo de cinco años para acceder a información bancaria archivada una vez finalizada la relación con el cuentahabiente.
Reconoció que esta restricción retrasa el análisis de la trazabilidad del dinero y afecta la capacidad investigativa del Ministerio Público.
Lo que pretende probar la fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción busca demostrar que funcionarios panameños, directivos de Odebrecht y testaferros movilizaron millones de dólares en coimas, que luego fueron introducidos en el sistema financiero nacional para asegurar la adjudicación de proyectos de infraestructura a la empresa brasileña.
Entre las pruebas figura el acuerdo alcanzado por Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el cual la empresa admitió que entre 2010 y 2014 pagó $59 millones en sobornos, incluidos pagos a funcionarios panameños.
Otra de las pruebas admitidas es el acuerdo de culpabilidad alcanzado por los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares con las autoridades estadounidenses, contenido en la sentencia expedida el 27 de mayo de 2022 por el juez Richard Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York.
En ese acuerdo, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal —uno de los imputados en este proceso— admitieron que conspiraron para blanquear $28 millones en sobornos de Odebrecht, utilizando el sistema bancario estadounidense, aunque sostuvieron que actuaron siguiendo instrucciones de su padre. Ambos fueron condenados a tres años de prisión, expulsados de Estados Unidos y se les confiscaron $18.9 millones.
En esta etapa del proceso están llamados a juicio 27 imputados ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Otros cuatro deberán ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, al ostentar fuero penal electoral por su condición de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen): el expresidente Juan Carlos Varela, el exministro Jaime Ford y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
En el juicio que inicia hoy solo será procesado Ricardo Martinelli Berrocal, mientras que sus hijos serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia, debido a su condición de diputados suplentes del Parlacen.
Acuerdos de colaboración
Entre las pruebas también figuran los acuerdos de colaboración pactados con Olivio Rodríguez Junior y Luis Eduardo Da Rocha Soares, entre otros, que acreditan pagos ilícitos en beneficio de exfuncionarios y políticos panameños, así como los mecanismos utilizados para las transferencias.
Asimismo, la fiscalía incorporó la declaración de Fredy Barco Vera, quien explicó cómo Odebrecht incrementaba sus ingresos mediante sobreprecios en contratos con el Estado, en proyectos como el Saneamiento de la Bahía, la Autopista Madden-Colón y la Cinta Costera III, particularmente a través del encarecimiento de materiales como el acero.
El Ministerio Público también alcanzó un acuerdo de colaboración con el abogado Mauricio Cort, quien declaró que recibía instrucciones del exministro de Obras Públicas Federico Suárez y de los hermanos Martinelli Linares para abrir sociedades y cuentas bancarias en Andorra, con el fin de ocultar los fondos destinados al pago de sobornos.
La Fiscalía Anticorrupción ha incluido, además, asistencias judiciales provenientes de Brasil, Colombia, República Dominicana, Portugal, Estados Unidos, Suiza, Andorra, Uruguay, Perú, Austria y Barbuda, entre otros países.
Otra prueba relevante es el testimonio de Carlos Ho, exdirector de proyectos del Ministerio de Obras Públicas, quien relató que Odebrecht entregaba dinero en efectivo y mediante tarjetas de crédito.
También fue admitido el acuerdo de colaboración de Wu Yu Sheng con las autoridades brasileñas, relacionado con la sociedad Apple Power Limited, que transfirió fondos a B.K. Rekhatek en beneficio del sujeto apodado “Cachaza”, por instrucción de Vinicius Veiga Borin, responsable de la Caja Dos de Odebrecht.
Recursos dilatorios
Desde que se inició la investigación en 2015, tras una denuncia presentada por el excontralor Alvin Weeden (q.e.p.d.), el Ministerio Público ha enfrentado más de 120 recursos, incluidos incidentes de nulidad, falta de competencia, doble juzgamiento y habeas corpus, cuya tramitación obligó a suspender diligencias en varias etapas del proceso.
Solo en la audiencia preliminar de septiembre de 2022, la jueza Baloisa Marquínez resolvió 21 incidentes de nulidad, relacionados con alegaciones de falta de competencia y doble juzgamiento.
Actualmente, la Corte Suprema de Justicia y el Primer Tribunal Superior de Justicia mantienen en trámite dos amparos de garantías constitucionales. En la Corte reposa un amparo vinculado a Aaron Mizrachi Malca, mientras que el Primer Tribunal debe resolver otro presentado por el exministro Demetrio Jimmy Papadimitriu.
