La jueza de garantías, Tulia Morelos, fijó para el 7 de octubre del 2024 el juicio a 11 personas, entre ellas el exdiputado del Partido Panameñista Adolfo Valderrama, por la presunta comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales a través del manejo de fondos asignados por Pandeportes a federaciones deportivas, entre los años 2014 a 2018.
La jueza Morelos admitió 135 pruebas presentadas por la fiscal anticorrupción, Leyda Saénz, entre las que se encuentran 102 testigos, 22 pruebas periciales y 11 documentales que serán usadas por la fiscalía durante el juicio.
Además de Valderrama, entre los imputados en esta causa también figuran los exdirectores de Pandeportes, Roberto Arango y Mario Pérez, al igual que Jair Peralta, de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba). Según la fiscalía, las pruebas admitidas por el tribunal vinculan a los imputados con el ilícito investigado.
Entre las pruebas admitidas por el tribunal se encuentran dos informes de auditoría que revelan la existencia de una lesión patrimonial por unos $3 millones.
Mientras que los abogados defensores también lograron la admisión de un cúmulo de pruebas que deberán ser evacuadas durante el juicio, que según ellos demuestran su inocencia de los cargos imputados.
La principal teoría de la defensa es que la fiscalía no logró establecer la existencia de una lesión patrimonial en perjuicio del Estado.
La audiencia intermedia se inició el pasado 24 de marzo y concluyó en la tarde de ayer miércoles.
En un comunicado divulgado este jueves 20 de abril, el diputado Valderrama aseguró que siembre ha dado la cara y “la seguiremos dando”.
Añadió que las pruebas que presentó fueron admitidas durante el proceso.
“Mientras el culpable busca siempre dilatar los procesos, los que somos inocentes estamos muy interesados en la celebración del juicio”, dijo.
Comunicado oficial. pic.twitter.com/Ncj4VVqiKT
— Beby Valderrama (@BebyValderrama) April 20, 2023
La investigación reveló que los fondos asignados por Pandeportes y gestionados por diputados supuestamente fueron usados para adquirir implementos deportivos y financiar el desarrollo de ligas en sitios en los que dichos torneos no existen y en lugares en los que ni siquiera hay canchas.
Según un informe de la Contraloría, entre los años 2014 y 2018 se distribuyeron $59.9 millones entre 133 disciplinas, fundaciones y ligas deportivas.
