La investigación relacionada con la concesión que -hasta febrero pasado- mantuvo Panama Ports Company (PPC) se encuentra en reserva desde hace más de un año y, paralelamente, aguarda que la Contraloría General de la República entregue la ampliación de la auditoria solicitada por la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad.
En el Ministerio Público (MP) confirmaron que la Contraloría aún no ha entregado la ampliación que podría revelar nuevos hallazgos por presuntas irregularidades en las que habría incurrido PPC en el manejo de la concesión portuaria, la cual le fue otorgada a través del contrato ley 5 de 16 de enero 1977, renovado en junio de 2023.
La Contraloría entregó una primera auditoría que sirvió de base al MP para iniciar una serie de diligencias para determinar la posible comisión de delitos contra la administración pública, las que habrían ocasionado una lesión millonaria al Estado.
La investigación inició de oficio en abril de 2025 y fue declarada en reserva en agosto de ese mismo año. Hasta ahora, no hay nadie imputado y no se ha presentado la acusación.
Piden levantar reserva
Paralelamente, se conoció que la Corte Suprema de Justicia tramita un amparo de garantías constitucionales en el que se solicita suspender la reserva en la investigación que conduce la fiscalía.
El amparo está en el despacho de la magistrada Ariadne García.
Contrario a lo que se pueda pensar, el amparo no fue presentado por PPC, sino por la empresa Atlantic Centroamérica S.A., que aparece mencionada en la investigación y que prestaba servicios de logística dentro del puerto concesionado a PPC.
Atlantic Centroamérica, S.A., no tenía un contrato directo con el Estado.
En el amparo, Atlantic Centroamérica alega que la investigación tiene más de un año bajo reserva y que, por tanto, se desconoce cuáles son los hallazgos hasta ahora.
Atlantic Centroamérica sostiene que se han enviado oficios a entidades bancarias sobre las actividades de las empresas mencionadas en la investigación, lo que ha generado inconvenientes, como el cierre de algunas cuentas.
En enero de 2021, Roberto Ruiz Díaz presentó la primera denuncia para que se investigara la renovación de contrato a PPC, pero esta denuncia fue archivada inicialmente. Luego, a raíz de las declaraciones del contralor Anel Flores, el MP solicitó su reapertura, que fue acogida por un juez de garantías.
Las denuncias de Flores
Según el contralor Flores, el Estado panameño dejó de percibir la suma de $1,337 millones durante las casi tres décadas en las que PPC operó Balboa y Cristóbal.
Flores también aseguró que la empresa incurrió en incumplimientos y habría manipulado la información financiera para no entregar al Estado lo que le correspondería con un contrato ya desventajoso para el país.
También se da el caso de que PPC había subcontratado a otras empresas para que prestaran servicios dentro de su área de concesión, sin que el Estado recibiera un porcentaje de esos ingresos.
La primera denuncia contra Panamá Ports fue presentada en el año 2021.
El Ministerio Público reabrió esta investigación en junio de 2025 a raíz de la auditoría de la Contraloría.
En agosro de 2025 la investigación fue declarada en reserva y una invesrigación compleja.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, sección de causas de Alta Complejidad.
Luego de que la Corte declarara inconstitucional el contrato de concesión de PPC, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entregó la concesión temporal de Balboa y Cristóbal a Maersk y MSC, respectivamente.
PPC, filial del consorcio hongkonés CK Hutchison, respondió presentando un arbitraje internacional contra Panamá por $1,500 millones.
Esta nota fue modificada a las 9:40 a.m. del 29 de septiembre de 2026. En su versión original, se informó que la investigación está en pausa. La información correcta es que se encuentra en reserva y a la espera de una ampliación de la auditoría forense que Contraloría realizó a PPC...
