Genaro López debe reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales; Jaime Caballero tiene arresto domiciliario en su casa en Boquete, Chiriquí; Saúl Méndez está prófugo.
Solo un dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) está tras las rejas por el caso Red Frog.
Se trata de Ariel Rodríguez, quien era el encargado de la administración del sindicato en Chiriquí y Bocas del Toro.
Rodríguez está en la cárcel La Nueva Joya, mientras el Ministerio Público lo investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales como consecuencia de un conflicto laboral en el fallido proyecto turístico Red Frog, en Isla Bastimentos, Bocas del Toro.

El origen del caso Red Frog y las investigaciones
El caso Red Frog se originó a partir de una querella presentada en 2022 por antiguos trabajadores del proyecto Red Frog Beach Club. Todo comenzó cuando los extrabajadores, hoy querellantes, fueron compensados por las sociedades Pillar Construction, S.A. y Ocean Group International Inc., promotoras del proyecto.
En lugar de pagos en efectivo, entregaron una villa en el PH Red Frog Beach Club y 13 lotes de terreno, bienes que fueron inscritos a nombre del Suntracs.
Según la querella, cuando los obreros reclamaron su parte del acuerdo, el sindicato dio las propiedades en garantía de un préstamo por $3.1 millones suscrito el 6 de junio de 2022 con la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L., lo que dejó los inmuebles fuera del alcance de los reclamantes.
Esa cooperativa fue auditada y clausurada el año pasado, tras detectar presuntas violaciones a la Ley 23 de 2015, relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, hechos que forman parte de las investigaciones del Ministerio Público.

Rodríguez, quien también es dirigente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), está encarcelado desde mayo de 2025, según informó a La Prensa Antonio Vargas, uno de los abogados del Suntracs.
Vargas afirma que los cargos que se le endilgan a Rodríguez son injustos. Adelantó que están preparando las pruebas para demostrar la licitud de los fondos. La defensa sostiene que no se ha acreditado la existencia de delito y que el dinero cuestionado tiene respaldo documental.
El Ministerio Público argumenta que existen elementos suficientes para mantener abiertas las investigaciones. En las audiencias de garantías celebradas en los últimos meses se han impuesto medidas cautelares diversas, que van desde el reporte periódico hasta el arresto domiciliario y la detención preventiva.
Erasmo Cerrud y el asilo en la Embajada de Nicaragua
Otro de los procesados es Erasmo Cerrud, quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua, en espera de que el gobierno de José Raúl Mulino le otorgue un salvoconducto para viajar a Managua.

Cerrud, secretario de Defensa del sindicato, estaba en la lista de los más buscados antes de refugiarse en la sede diplomática. La Policía Nacional ofrecía $10 mil a quien diera información sobre su paradero. Se le acusa de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Desde el gobierno de Mulino se ha dicho que las investigaciones responden a actuaciones estrictamente judiciales. El Ministerio Público ha reiterado que el caso se circunscribe a posibles delitos financieros.
Más de 120 miembros del Suntracs judicializados en 2025
El 2025 marcó una etapa compleja para el que por décadas fue el sindicato más poderoso del país, con más de 120 miembros judicializados en distintos procesos. Los dirigentes acusan al presidente Mulino de persecución política y de intentar reducirlos a “mínima expresión”.
La judicialización ha impactado la estructura organizativa del sindicato, que históricamente mantuvo un rol protagónico en negociaciones colectivas y movilizaciones nacionales.
Saúl Méndez, alerta roja de Interpol y paradero incierto
Saúl Méndez, quien fue secretario general del sindicato durante décadas, solicitó asilo en Bolivia, donde permaneció desde el 21 de mayo hasta el 19 de julio de 2025. Días después abandonó ese país, según informó el gobierno de Bolivia.

Las autoridades judiciales de Panamá emitieron una alerta roja de Interpol para dar con su paradero. Se presume que podría encontrarse en Venezuela. Méndez ha reaparecido en redes sociales del sindicato e incluso concedió una entrevista al expresidente de Ecuador, Rafael Correa.
La dimensión internacional del caso podría implicar mecanismos de cooperación judicial si se logra establecer su ubicación.
Procesos judiciales en curso
Las investigaciones continúan en distintas etapas procesales y se mantienen vigentes las medidas cautelares dictadas contra varios dirigentes.
El Ministerio Público deberá definir en los próximos meses si presenta acusación formal o si solicita el archivo de algunas causas, mientras las defensas reiteran que aportarán pruebas ante los tribunales.
Este caso fue declarado como causa compleja.


