La juez de garantías Irene Cedeño imputó cargos por el delito de falsificación de documentos y aplicó las medidas cautelares de notificación los días 7 y 25 de cada mes a Mónica Cano representante legal de las empresas Formas Universales e Imprenta Edicano dentro de la investigación relacionada con la alteración de la base de datos informática del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (Sipe) de la Caja de Seguro Social.
En una audiencia realizada en la mañana, de ayer. miércoles, la juez Cedeño acogió la petición de imputación presentada por el fiscal anticorrupción David Garay, quien también solicitó la aplicación de la medida cautelar de notificación periódica a la investigada.
La petición de la fiscalía se fundamentó en que la imputada accedió a colaborar con la investigación y ha devuelto a la Caja de Seguro Social (CSS) parte del dinero que dejó de entregar a esa institución de de seguridad social.
Según la fiscalía, Cano en asocio con funcionarios de la CSS que tenía acceso a la plataforma Sipe lograron alterar los montos que las empresas Formas Universales e Imprenta Edicano debían entregar en concepto de planilla.
Según la investigación en este caso se estableció la existencia de irregularidades que alcanzan $230 mil, registrada entre los años 2012-2019.
La investigación que se inició desde el año 2018 encontró que los funcionarios que mantenían al sistema Sipe, utilizaron datos de una trabajadora manual de la CSS para simular que era la persona que ejecutaba las alteraciones en la información que era entregada al sistema en el que no se acreditó el pago de las cuotas.
La fiscalía está tras la pista de los funcionarios que tenían acceso a la plataforma Sipe y que ejecutaron las alteraciones en el manejo de las planillas a través del Sipe.
Por este caso ya la fiscalía logró el pasado 14 de septiembre la condena a 48 meses de prisión a una exfuncionaria de la CSS a quien se le imputaron cargos por peculado y blanqueo de capitales en este caso.
También un juez de garantías ordenó la detención de otro funcionario de los Juzgados Ejecutores de la CSS.
En julio del 2025 la fiscalía logró la aprehensión del representante legal de una empresa ubicada en el corregimiento de San Francisco, a quien imputó cargos por el delito de falsedad de documentos relacionada con la alteración de planillas.
La fiscalía anticorrupción también practicó una diligencia de inspección ocular en la sede de la CSS, ubicada en Clayton, en el corregimiento de Ancón para ubicar documentación relacionada con el sistema Sipe y los funcionarios encargados de su manejo.
El personal de la fiscalía efectúo una inspección en el Departamento de Planillas de la CSS, a fin de revisar los reportes de pagos de cuotas efectuados al SIPE por las empresas bajo investigación y determinar si se ajustaron o no a la información aportada al seguro social.
En la investigación iniciada en 2018 se detectó que el Sipe fue usado para lograr la afiliación a la CSS de cientos de extranjeros que en realidad no laboraban en empresa alguna y que todo se trataba de un fraude. También se detectaron otras anomalías en el pago de las planillas de las empresas.
La investigación estableció que el SIPE fue usado para afiliar fraudulentamente a cientos de extranjeros que en realidad no laboraban en ninguna empresa, además de detectar anomalías en el pago de planillas de múltiples compañías.
Otros casos
Este expediente se suma a otro antecedente reciente: la red corrupta que manipuló el SIPE y dejó a cientos de trabajadores con “pensiones mutiladas”. En esa investigación, el Ministerio Público documentó cómo se reportaban salarios fraudulentamente bajos —incluso de un dólar mensual— que reducían las futuras pensiones, causando pérdidas superiores a $800 mil a la CSS y evidenciando que las alteraciones del sistema no eran hechos aislados, sino parte de un patrón de fraude institucional.
Recientemente, el director de la CSS, Dino Mon, reconoció la existencia de redes de corrupción dentro de la institución, como mafias que vendían citas médicas hasta en $125. Por estos hechos se han presentado 18 querellas ante el Ministerio Público, lo que revela que las irregularidades en el SIPE no son episodios aislados, sino parte de un entramado más amplio de corrupción que socava la seguridad social.
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