Una denuncia administrativa para que se investigue el manejo de los fondos asignados para la asesoría y redacción del contrato minero, suscrito entre el Estado y Minera Panamá, fue presentada ante la Fiscalía General de Cuentas por el abogado Ernesto Cedeño.
En su escrito, Cedeño pidió a la Fiscalía de Cuentas solicitar a la Contraloría General de la República, a cargo de Gerardo Solís, que realice una auditoría sobre los $5.9 millones que el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sufragar los gastos de redacción del contrato minero, que el pasado martes fue declarado inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
En su denuncia, Cedeño recalca que el fallo de la Corte Suprema revela que tras un detallado análisis del contrato, suscrito entre el Estado y Minera Panamá, se estableció que el mismo infringió 25 artículos de la Constitución.
CSJ declara inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre de 2023
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) November 28, 2023
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Cedeño recalcó que debe haber una rendición de cuentas por parte de los funcionarios que permitieron el uso de fondos del Estado de manera poco responsable.
Explicó que esta es la primera acción legal que emprende contra los funcionarios que participaron de la negociación del contrato minero, ya que su aprobación ha ocasionado un grave perjuicio al país.
