El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial revocó la medida de detención provisional contra el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, y dispuso aplicarle la medida de retención domiciliaria, así como el uso de un brazalete electrónico.
Durante una audiencia celebrada este viernes 13 de febrero, los magistrados acogieron la petición presentada por el abogado Franklin Reyes de cambiar la medida de detención, luego de que Caballero permaneciera recluido en prisión casi nueve meses sin ser llevado a juicio.
Caballero fue imputado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.
Según la fiscalía, recibió múltiples transferencias desde cuentas del sindicato en el Banco Nacional de Panamá —autorizadas por sus dirigentes— que posteriormente depositó en su cuenta personal del Banco General y fraccionó para entregarlas a terceros.
Un informe financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) precisa que los dirigentes del Suntracs Saúl Méndez (prófugo) y Abdiel Bethancourt autorizaron dichas transferencias.
La investigación también señala que en 2023 y 2024 Caballero presentó declaraciones de renta por 244,810 y 189,206 dólares, respectivamente; montos que, según la fiscalía, no se compadecen con sus ingresos reales, estimados en unos 60 mil dólares.
De acuerdo con el Ministerio Público, la información presentada ante la Dirección General de Ingresos (DGI) sería falsa, ya que habría sido elaborada por María Esther Aizpurúa, quien figura con una licencia de contador público correspondiente a una persona fallecida.
La investigación reveló además que entre diciembre de 2023 y enero de 2025 Caballero recibió 27 depósitos por un total de 57,093.36 dólares, realizados por una persona identificada como “Luis V.”. Estos fondos fueron consignados directamente en su cuenta personal y forman parte del conjunto de transacciones bajo sospecha de blanqueo. En total, la fiscalía rastrea movimientos por aproximadamente 166 mil dólares desde 2020 en sus cuentas.
Según la acusación, parte de estos fondos se utilizó para el pago de deudas personales, incluyendo letras de autos, servicios públicos, un préstamo de 39,252 dólares con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y, en otras ocasiones, fueron entregados a sus hijos.
Caballero mantiene otro proceso penal en la provincia de Chiriquí, donde se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito de atentar contra la personalidad interna del Estado. En esta causa está procesado junto a otros miembros del Suntracs que participaron en jornadas de protesta contra la Ley 462, que introdujo reformas al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.
El pasado 6 de febrero, el también dirigente del Suntracs, Génaro López, fue beneficiado con una medida cautelar de reporte periódico los viernes de cada semana.
López es investigado junto a otros miembros del sindicato por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad de documentos, en perjuicio de un grupo de trabajadores afiliados que laboraban en el proyecto Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro.
Según la investigación del Ministerio Público, López, junto al dirigente del Suntracs Saúl Méndez (asilado en Bolivia), habría arrebatado 14 fincas entregadas por la empresa Pillar Construction S.A. como compensación tras perder un litigio laboral en 2011 por un monto de 7 millones de dólares con un grupo de 400 trabajadores del proyecto Red Frog, entre prestaciones laborales y costas legales.
