LESIÓN PATRIMONIAL DE $14.2 MILLONES

Tras casi 20 horas concluye audiencia del caso mochilas; MP pide llamar a juicio a 17 personas

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Tras casi 20 horas culminó la audiencia preliminar del caso mochilas escolares en el que están sindicadas 17 personas, entre exfuncionarios y particulares, por los supuestos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y fraude en acto de contratación pública.

La audiencia, que estuvo presidida por el juez decimoquinto penal Leslie Loaiza, comenzó este miércoles 23 de mayo, a las 9:00 a.m., y concluyó aproximadamente a las 5:00 a.m. de este jueves 24 de mayo. El juez se acogió al término de 30 días para dar a conocer su decisión.

Durante este proceso, el Ministerio Público (MP) solicitó el llamamiento a juicio a 17 personas. Luego de concluido los alegatos de la fiscalía y la defensa, el juez Loaiza se acogió al término para tomar una decisión.

La fiscalía pidió el llamamiento a juicio contra Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente Ricardo Martinelli; la exministra de Educación Lucy Molinar y el exsecretario privado del expresidente Adolfo De Obarrio.

Además, se pidió juicio para los proveedores del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) y exfuncionarios Roberto Brin, Roberto Luzcando, Jaime Ruiz, Franklin Alberto Araúz Ríos, Carlos Araúz Valdez, René Guardia Camargo, Pablo Andrés y Daniel Ruiz Obregón, Janeth Arauz de Caballero, Poulett Morales Montero, Eliécer Elías Tuñón Jaén, Julissa Lizbeth Stanziola Spencer, Abraham Williams y Berta Roldán.

Antes de la audiencia preliminar se efectuó una audiencia para validar el acuerdo de colaboración eficaz entre el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén y el MP.

Loaiza validó el acuerdo de pena firmado entre Guardia Jaén y el MP el pasado mes de noviembre de 2017. Al exdirector del PAN le restan aún 14 audiencias.

La fiscal anticorrupción Vielka Broce aseguró en sus alegatos que en este caso el apoderamiento de bienes del Estado panameño quedó demostrado.

De acuerdo con Broce, un grupo de empresas fueron beneficiadas con adjudicaciones de contratos para el suministro de mochilas entre 2012 y 2014 al Ministerio de Educación.

La Contraloría General de la República elaboró un informe, que luego entregó al MP, en el que consta que en este caso hubo una lesión patrimonial contra el Estado panameño de 14.2 millones de dólares.

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