El período para la presentación de opiniones dentro de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal concluyó.
Fuentes del Órgano Judicial (OJ) revelaron que cinco abogados presentaron opiniones ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia sobre la viabilidad de la demanda presentada por los abogados Julio Fidel Macías y Norman Castro.
Ahora, la magistrada Ángela Russo, quien actúa como ponente, deberá elaborar un proyecto de fallo y ponerlo a circular entre los restantes ocho magistrados que conforman el Pleno de la Corte.
Ya el pasado 19 de febrero el procurador Luis Carlos Gómez estimó —y así lo plasmó en una vista fiscal— que el contrato firmado entre el Estado y Panamá Ports viola15 artículos de la Constitución.
Entre los argumentos presentados por Gómez se encuentra el hecho que al negociar el contrato se acordó indebidamente transferir derechos privativos del Estado, incidiendo esto en el bienestar social y el interés público, por lo que se afectó la libre competencia, y que, además, se permite a la empresa la explotación de áreas distintas a la concesionada.
La demanda plantea que el contrato suscrito entre PPC y el Estado violó los artículos 1 y 2 de la Constitución, ya que dispone que el Estado debe consultar y requerir aprobación previa a la empresa para otorgar cualquier concesión futura sobre terrenos del Estado.
También plantea que lo anterior atenta contra la soberanía que ejerce el Estado panameño sobre todo su territorio y los bienes de su propiedad, lo cual solo puede estar sujeto a su Gobierno y no debe requerir consentimiento ni aprobación previa de ninguna entidad privada.
La Sala Tercera de la Corte también tramita una demanda de nulidad contra la prórroga dada a PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La demanda de nulidad, presentada por Roberto Ruiz Díaz, pretende que se declaren nulas las notas ADM-1123--062021-DGPIMA-CON de 28 de junio de 2021 y la certificación SG No. 021-062021 también de 28 de junio de 2021 expedidas por la AMP, en las que se le concedió la prórroga automática para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC por un lapso de 25 años.
La Contraloría General de la República también ordenó una auditoría de las operaciones y pagos realizados por PPC a raíz del contrato otorgado para la operación de ambos puertos.
La auditoría a PPC busca evaluar la correcta administración de los recursos y verificar el cumplimiento de los términos de la concesión, un contrato cuestionado por la falta de claridad en los beneficios que genera al Estado.
En el año 2020 una auditoría realizada por el entonces contralor Gerardo Solís arrojó que PPC había cumplido con todas las normas establecidas en el contrato firmado en el año de 1997.
