A tan solo dos años y cuatro meses de que quedara en firme la condena de siete años de prisión impuesta a José Antonio Carrizo Mérida por el delito de estafa agravada en perjuicio de Corporación La Prensa, el sancionado apareció como elegible en un listado para el otorgamiento de una rebaja de pena divulgado por el Ministerio de Gobierno.
En agosto de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales y ratificada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que condenó a Carrizo a siete años de cárcel.
El caso fue elevado a la CSJ, luego de que la defensa de Carrizo presentara un recurso de casación. Finalmente, el 17 de agosto de 2023, las magistradas de la Sala Penal (Maribel Cornejo, Ariadne García y María Eugenia López Arias) fallaron en su contra y validaron las sentencias dictadas por el juzgado y el tribunal de apelación.
La condena incluye la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de cuatro años, una vez cumplida la pena de prisión.
Carrizo Mérida fungía como representante legal de la extinta agencia de publicidad In House Advertising Inc. y, junto con Aida Tejada Garagate, exoficial de cobros de Corprensa, causó un perjuicio a la corporación por $2.5 millones, entre los años 2009 y 2016.
Tejada no fue procesada, dado que en 2019 suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público y aceptó una condena de 60 meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por dos años.
Como parte de ese acuerdo, confesó a los fiscales que manipuló los estados de cuenta de Corprensa para beneficiar a In House Advertising, labor por la cual recibía pagos de Carrizo, quien sí cobró a los clientes por los servicios publicitarios que Corprensa prestó a su agencia.
Para aspirar a una rebaja de pena, los privados de libertad deben cumplir ciertos parámetros, entre los que se encuentran mantener buena conducta, realizar actividades de resocialización y haber cumplido una parte de la pena impuesta.
En ese sentido, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, señaló que las rebajas de pena fueron concedidas a privados de libertad que han mostrado buena conducta, respetado las reglas y se han incorporado a programas productivos, ya sea de trabajo o estudio, y han demostrado capacidad de reinserción social.
Montalvo también dijo que no se trata de indultos, sino de rebajas de la pena de prisión otorgadas a internos que cumplieron con los parámetros establecidos.
