Condenan a 12 meses de prisión a dos excónsules de Panamá en Tampa, Florida, por peculado

Nota actualizada a las 12:03 p.m. del 13 de agosto de 2022

Condenan a 12 meses de prisión a dos excónsules de Panamá en Tampa, Florida, por peculado
Palacio de Justicia Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia. Archivo

Dos excónsules fueron condenados a 12 meses de prisión por la jueza primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Águeda Rentería, tras declararlos como autores del delito de peculado culposo, en perjuicio del Consulado de Panamá en Tampa, Florida, Estados Unidos.

Lo hizo mediante sentencia mixta número 4 de fecha 9 de agosto de 2022, informó el órgano Judicial, que no precisó el monto de la lesión ni divulgó los nombres de los dos exfuncionarios condenados. No obstante, La Prensa posteriormente obtuvo documentos que indican que se trata de Indira Antinori Ortiz y Roberto Cordovez Castillo.

El Tribunal consideró que el delito de peculado culposo contra ambos acusados “se encuentra debidamente acreditado” en el expediente, “ante la falta de cuidado o atención que debieron tener como funcionarios, así como el incumplimiento de sus especiales deberes en la administración o custodia de los dineros del Consulado bajo su cargo”.

En el fallo el Tribunal explicó que se utilizó para la imposición de la pena a los hoy sentenciados la norma penal vigente cuando ocurrió el peculado. Es así que aplicó el artículo 324 del Código Penal de 1982, que señala una sanción de prisión de 1 a 3 años; esta norma conlleva una disminución hasta la mitad si son reintegrados los dineros, “como efectivamente se dio en este caso”.

De igual forma, en el fallo la jueza Rentería absolvió de los cargos formulados en contra de Máximo Haddad y Enelda Cárdenas de Ocaña, quienes fungieron como vicecónsules, “al considerar que el hecho objeto de la investigación por el cual se les formuló cargos no constituía delito para esa época”. Asimismo, declaró no probado un incidente de nulidad presentado por la defensa técnica de uno de los sentenciados.

Este caso inició en el año 2007, con un informe de auditoría por manejos irregulares durante el período comprendido de los años 2000 al 2006 en el Consulado de Panamá en Tampa.


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