Un tribunal declaró culpable a Roberto Campa Butcher, exrepresentante del corregimiento de Mateo Iturralde, en San Miguelito, por el delito de peculado.
La Fiscalía Anticorrupción, a través de su Sección Tercera, acreditó ante el juez la malversación de $102,678.50 en fondos públicos durante el periodo en que Butcher ocupó el cargo, entre 2009 y 2014.
Butcher ocupó ese puesto con la bandera del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en esos años controlaba buena parte de las juntas comunales y el municipio de San Miguelito.
La Procuraduría General de la Nación dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X el pasado domingo y destacó el trabajo de la Sección Tercera de la Fiscalía Anticorrupción, unidad especializada en casos que involucran a funcionarios del Estado.
#Culpable ⚖️ | La Fiscalía Anticorrupción, representada por su Sección Tercera, obtuvo fallo de culpabilidad contra el representante de corregimiento de Mateo Iturralde (periodo 2009–2014), por el delito de peculado, tras acreditarse la malversación de B/.102,678.50. pic.twitter.com/0YJBcmhYpS
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 23, 2026
El artículo 338 del Código Penal establece que el servidor público que sustraiga o malverse fondos del Estado cuya administración o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo recibirá una pena de cuatro a diez años de prisión. Sin embargo, cuando la cuantía supera los $100,000, la pena sube a entre ocho y 15 años de prisión.
La condena llega más de una década después de que Butcher ejerciera el cargo.
‘Era un mero tramitador’ de diputados
Luis Donadio, abogado de Butcher rechaza el fallo y anuncia que apelará la sentencia. Cuestionó que el caso se base en una auditoría de cumplimiento forense que elaboró la Contraloría en 2017, identificada con el número 020-2017, y el testimonio de seis beneficiarios de cheques destinados a proyectos comunitarios.
“La malversación no se probó”, dijo al tiempo que señala fallas metodológicas del informe de auditoría. Afirma que las propias auditoras reconocieron en el juicio que no entrevistaron a ninguno de los 126 beneficiarios identificados por nombre y cédula en los cheques cuestionados, precisamente para determinar si los fondos llegaron o no a su destino.
“Ellos tenían el deber y la obligación como auditoría forense de ver el destino o la utilización final del recurso. No lo hicieron en ninguno”, argumentó.
Sobre el origen de los recursos, el defensor aclaró que el dinero no era de la junta comunal sino partidas presupuestarias de tres diputados del entonces circuito 8-6 de San Miguelito (hoy circuito 8-2) correspondientes al periodo 2009-2014, que se tramitaron vía Ministerio de Economía y Finanzas y entraron a la junta comunal para proyectos de desarrollo comunitario.
Los diputados del PRD de esa época eran Leandro Ávila, Raúl Pineda y Abraham Martínez.
En ese esquema, añadió, Butcher era “un mero tramitador” sin control sobre cómo ni cuándo se ejecutaban las obras.
El abogado precisó además que los $102,678.50 que el tribunal dio por probados representan apenas el 3.5% de un proyecto total valorado en $2,930,000, del cual la Contraloría reconoció que el 96.5% no tuvo problema alguno.
Por lo pronto, el abogado informó que interpondrá un recurso de anulación o uno de casación.
Mientras el proceso continúe en segunda instancia ante el Tribunal Superior, Butcher no irá a prisión.
